El anteproyecto de ley de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo al Consejo Económico y Social (CES) para ser debatido en la mesa temática de “Transformación e Institucionalidad”, propone cambiar el nombre del Procurador General de la República a Fiscal General, y designado por un único periodo de seis años, periodo por el que será inamovible.
El anteproyecto, discutido en la quinta mesa temática instalada la pasada semana en el marco del “diálogo por las reformas”, tiene como objetivo garantizar la independencia del Ministerio Público, robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales, hacer más eficientes los procesos de la Administración Pública y consolidar el ejercicio democrático a través de mejoras puntuales al régimen electoral.
Aunque hasta el momento el anteproyecto no establece la nueva forma en que será designado el Procurador, propone cambiar la denominación de “Procurador General de la República” por Fiscal General de la República, Procurador General Adjunto del Procurador General de la República” por Fiscal General Adjunto al Fiscal General de la República, “Procurador General de Corte” por Fiscal Regional.
Así mismo, propone modificar el artículo 178 de la Constitución para excluir al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura.
Propone retirarle la responsabilidad de formular las políticas de Estado contra la criminalidad, limitándolo a ejecutar e implementar esas políticas diseñadas desde el Poder Ejecutivo.
Unificar las elecciones
El anteproyecto de ley de convocatoria de la reforma constitucional establece también la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales a partir del 2028.
La Constitución actual manda que se celebren las presidenciales y congresuales el tercer domingo de mayo y las municipales el tercer domingo de febrero, el anteproyecto sugiere una reforma para que todas se realicen el tercer domingo de mayo, cada cuatro años.
Un transitorio establece que para el 2024 se mantengan separadas como en la actualidad. El proyecto constitucionaliza la eliminación del arrastre en todos los niveles de elección.
Para juez de la SCJ
El proyecto contempla que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia durante los cinco años previos a su designación, la persona no haya estado inscrita en un partido político ni haya realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante.
También establece que estos serán escogidos por un único periodo de nueve años y no podrán repetir. Podrán ser electos para un nuevo periodo aquellos que entraron y suplieron la parte del periodo restante de alguna plaza que haya quedado vacante.
Igual fórmula se le aplica a los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.t
