El estado de Florida (EE.UU.) ejecutó hoy al reo Jerry Correll, condenado por el asesinato a cuchilladas de su hija de 5 años de edad y de otros tres familiares en 1985, y cuya muerte acaba con nueve meses de suspensión temporal de la pena capital en este estado.
El recluso, de 59 años, fue declarado muerto a las 19.36 hora local (23.36 GMT), tras recibir una inyección letal en la prisión estatal Starke, localizada en el poblado de Raiford, en el norte de Florida (EE.UU.), informó hoy el Departamento de Correccionales de Florida.
La última comida de Correll consistió en una hamburguesa con patatas fritas y un refresco y a lo largo del día habló por teléfono con su hija y mantuvo un encuentro con un guía espiritual.
Poco antes de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó, sin emitir comentarios, posponer la ejecución del reo.
Autoridades eclesiásticas y activistas en contra de la pena capital protestaron días atrás contra el gobernador del estado, Rick Scott, que con Correll completó 22 ejecuciones en menos de cinco años de Gobierno.
Con esta ejecución, Scott se erige como el gobernador de este estado con mayor número de ejecuciones, al superar a Jeb Bush (1999-2007), actual precandidato republicano presidencial, que registró 21 ejecuciones en sus ocho años de mandato.
Desde 1979, cuando se restableció la pena capital en el estado, se han registrado un total 91 ejecutados en Florida, contabilizando la muerte de Correll.
La Conferencia de Obispos Católicos de Florida había instado esta semana al gobernador Scott a atender «el llamado del papa Francisco de poner fin a la pena de muerte», tal como hizo en su reciente visita al país, y conmutar así la pena capital a Correll.
Correll fue sentenciado en 1986 por el asesinato de su exesposa, de su hija de 5 años, su exsuegra y la hermana de su exmujer, en la ciudad de Orlando, en el centro de Florida.
La ejecución de Correll, prevista inicialmente para febrero, estuvo ocho meses en suspenso a la espera de un fallo de la Corte Suprema respecto a la legalidad del sedante midazolam, una de las sustancias que forman parte del compuesto químico de la inyección letal y que el año pasado fue el causante de causar sufrimientos en tres ejecuciones.
El caso que más conmoción generó fue el de Clayton Lockett, en Oklahoma, un condenado que agonizó durante 43 minutos tras la inyección.
La demanda había sido interpuesta por cuatro presos de Oklahoma bajo el argumento de que el midazolam viola la Octava Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de «castigos inusuales o crueles».
En junio pasado, los cinco magistrados del Tribunal Supremo federal se unieron para avalar la legalidad del uso del polémico sedante y tras ello Florida se convirtió en uno de los primeros estados en restablecer la pena capital.
Desde que el Tribunal Supremo federal restableció la pena de muerte en 1976, el país ha ejecutado a 1.419 personas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
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