Un juez resolvió ayer enviar a juicio a la ex primera dama salvadoreña Ana Ligia de Saca acusada de lavado de dinero en un caso por el que ya fue juzgado y condenado el expresidente Tony Saca.
El juez Miguel Ángel García también decidió que César Daniel Funes Cruz y Ricardo Lemus Zelaya enfrenten un proceso por el mismo delito y absolvió a otras 10 personas, entre ellas a empresarios y publicistas que el Ministerio Público había procesado por el mismo caso, conocido como «Destape a la Corrupción Fase II». El caso está ligado a actos de corrupción del gobierno de Saca (2004-2009).
La ex primera dama había confesado su responsabilidad en el lavado de unos 25 millones de dólares de fondos públicos, pero se retractó luego de que el Ministerio Público le exigió que regresara al Estado 17,3 millones de dólares. De ser encontrada culpable podría recibir una condena de entre cinco y 15 años de prisión.
El abogado defensor de la señora de Saca, Miguel Flores, dijo que no descarta volver a negociar con la Fiscalía un proceso abreviado.
El procedimiento abreviado es una figura procesal que consiste en la admisión de los hechos por parte del imputado, quien además otorga su consentimiento para poder prescindir de toda la formalidad del debate y que se dicte una sentencia de un modo simplificado.
La ex primera dama está acusada de lavado de dinero y encubrimiento de una red que lavó 25 millones de dólares presuntamente mediante la triangulación de fondos que salían de las arcas del Estado hacia particulares que los transferían a varias agencias de publicidad, que a su vez los remitían a empresas de comunicación de la familia del expresidente Saca.
El exmandatario, de 54 años, cumple una condena de 10 años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018 el expresidente pidió un proceso abreviado y después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció por peculado, lavado de dinero y activos.
Cinco de sus viejos colaboradores también se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor.
Recientemente, en otro proceso penal, el expresidente Saca solicitó someterse a un proceso abreviado y admitió haber sobornado a una empleada judicial para que le filtrara información sobre un proceso civil en su contra. Por su confesión, según el acuerdo con la Fiscalía, Saca sólo recibirá una pena de dos años de prisión. De no haberlo hecho, podría haber enfrentado una sentencia de seis a 10 años que se sumarían a los 10 que ya está cumpliendo.
