El fallo de Zavascki llega tras una solicitud presentada por los investigadores el pasado 11 de septiembre para conocer la posible participación del ex mandatario en el esquema de corrupción. Bajo las leyes brasileñas, todos los políticos federales y de algunos otros niveles pueden ser investigados sólo si la Corte Suprema lo aprueba.
Los fiscales alegan que más de 2.000 millones de dólares fueron pagados en corruptelas por hombres de negocios para obtener contratos de Petrobras, en proyectos que subsecuentemente inflaron sus costos. Investigadores han dicho que algo del dinero de la corrupción se canalizó al gobernante Partido de los Trabajadores, fundado por Lula.
El juez Teori Zavascki advirtió en su decisión de que Lula será escuchado como un informante. No estableció un plazo para que sea interrogado, pero la Policía Federal aclaró en la petición que su intención es poder escucharlo en hasta 80 días. El Instituto Lula, una fundación dirigida por el ex presidente de Brasil, dijo que no haría comentarios sobre el fallo.
De acuerdo con el magistrado, la Policía Federal alegó en su petición que dos de los implicados que admitieron su culpa y colaboran con la investigación a cambio de reducción de penas «presumen que el ex presidente estaba comprometido en la red de corrupción por las características y la dimensión de esta, pero no disponen de elementos concretos que comprueben su participación».
Agregó que, como los investigadores alegan que su blanco es una «red de poder política alimentada con enormes recursos de la mayor empresa de Brasil», consideran «necesario incluir en el proceso las declaraciones del entonces mandatario mayor de la Nación para que presente su versión de los hechos investigados».
Zavascki también autorizó que sean interrogados, igualmente como testigos, importantes autoridades en el gobierno de Lula, como su ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti; el entonces secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, y el presidente de Petrobras en la época, José Sergio Gabrielli.
Más de 50 personas, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, otros legisladores y senadores, así como importantes figuras políticas, han sido acusadas o están bajo investigación en el caso. La mandataria Dilma Rousseff, quien era la presidente de la junta de Petrobras cuando ocurrió el escándalo, no ha sido acusada de participar. Ella y Lula niegan haber cometido irregularidad alguna.
La Fiscalía también investiga si Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, incurrió en el delito de tráfico de influencias al promover en el exterior a empresas investigadas por la corrupción en la petrolera estatal.
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