El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó este viernes una ley que endurece todavía más las políticas migratorias del estado al prohibir los contratos públicos con empresas que brinden ayuda y transporte a inmigrantes, incluidos los menores no acompañados.
Además amplía la definición de «política de santuario» para evitar que ciudades o condados de Florida limiten o prohíban que las policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales, que tienen la competencia exclusiva en esta materia.
Las agencias del orden que operan algún centro de detención deberán a partir de ahora firmar un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), para participar en el programa 287(g), por el que agentes locales realizan funciones de aplicación de la ley de inmigración.
El republicano anunció además la formación de una «fuerza de ataque» conformada por efectivos de fuerzas del orden estatales como la Patrulla de Carreteras y agentes locales para detener a traficantes de humanos y narcotraficantes.
Flanqueado por varios responsables de agencias de orden público, DeSantis dijo en conferencia de prensa este viernes que la llegada del presidente, Joe Biden, a la Casa Blanca en enero de 2021 supuso «abrir la frontera» con México.
Y puso como ejemplo la cifra de detenciones de inmigrantes indocumentados registradas en mayo pasado, más de 239,000, la mayor que se tiene registro en los últimos años.
En una intervención con un claro ámbito nacional, el gobernador dijo que las políticas en materia migratoria de Biden son dañinas para el país y lamentó que en partes del país se trate a los indocumentados «casi mejor que a los ciudadanos estadounidenses en algunos aspectos».
Pero no será así en Florida, donde la nueva ley, dijo, «protegerá a los floridanos de la crisis fronteriza de Biden» y no permitirá que empresas con contratos con el Gobierno federal para transportar o cuidar de inmigrantes indocumentados tengan vínculos económicos con gobiernes estatales y locales en la región que él dirige.
Así, la ley, denominada SB 1808, penaliza a organizaciones religiosas como Caridades Católicas por cuidar a niños migrantes que llegan al país sin la compañía de sus padres y a aquellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad al negarles las licencias estatales.
La Coalición Americana de Empresarios por la Inmigración (ABIC) criticó con dureza al gobernador por promulgar esta medida, la que venía combatiendo desde que se negociaba en el Legislativo estatal.
Mike Fernández, presidente de MBF Healthcare y copresidente de ABIC Action, consideró este viernes que las ambiciones políticas de DeSantis, cuyo nombre suena como posible aspirante republicano a la Casa Blanca, no deberían «dañar a los niños inmigrantes inocentes».
«Esta ley destruye la vida de niños inocentes, daña la economía y aumenta los precios de los alimentos y la gasolina para todos los floridanos», dijo Fernández en un comunicado en referencia a los cálculos de ABIC de que esta ley costará a los contribuyentes 12 millones de dólares, algo que consideró un «desperdicio».
Esta ley supuso una agria disputa entre el gobernador y el arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski, quien denunció que la medida obligaría a cerrar albergues que acogen a los menores inmigrantes, incluidos los de Caridades Católicas.
También recibió críticas desde una parte del exilio cubano, que le recordó al gobernador republicano que muchos de ellos llegaron al país como inmigrantes no acompañados en la llamada operación Pedro Pan, por la que miles de niños cubanos llegaron al país a inicios de la década de 1960 en su huida del régimen castrista.
