Santo Domingo.- El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, es acusado de dirigir y autorizar la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas, de acuerdo con la orden de arresto.
«Fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado. Es definido como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con clara participación en la orquestación del fraude en la citada licitación», señala la orden de arresto en contra de exfuncionario.
El documento señala que a menos de un año de su designación a la cabeza del Intrant, Beras estableció un asociación para el desvío de fondos.
«Ya que el 15 de agosto de 2022, Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez fue designado como director ejecutivo, en sustitución de Rafael Arias. Con la llegada de Hugo Beras, el proyecto amañado fue temporalmente suspendido para incluir a las nuevas autoridades en la conspiración. Beras designó a Frank Rafael Atilano Díaz Warden como coordinador de despacho y su representante en el comité de compras del INTRANT, que también incluyó a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, Martha Morillo De León, y Filias Bencosme Pérez. Durante su gestión, Hugo Beras y su equipo elaboraron el Plan Operativo Anual (POA) y el presupuesto para 2023, aunque sin asignar fondos para proyectos de gran envergadura económica o infraestructural. El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) estimó RD$808,811,058.24 para las compras totales del año, incluyendo RD$413,536,800.20 destinados a licitaciones públicas. Sin embargo, la “modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica” estaba presupuestada en solo RD$ 104 millones en el POA. A pesar de la falta de fondos asignados, en enero de 2023, Beras, en coalición con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, y José Ángel Gómez Canaán (Jochy), establecieron una asociación criminal para desviar fondos».
Agrega que, aunque el costo del proyecto de modernización de la red semafórica era originalmente de 104 millones de pesos, este monto fue aumentado sin justificación a 1,200 millones, un aumento del 1,053%.
«Este cambio fue realizado por la Dirección de Planificación y Desarrollo, dirigida por Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, bajo el mandato directo de Hugo Beras».
«El pliego de condiciones para la licitación fue manipulado para favorecer a Transcore Latam S.R.L., adaptando los requisitos a la medida de la empresa. En enero de 2023, Beras solicitó al director administrativo y financiero Juan Francisco Álvarez Carbuccia, y a través de Frank Atilano Díaz Warden, coordinar la contratación del proyecto. Sin embargo, no existía documentación técnica ni financiera que justificara el costo del proyecto. El Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT, a través del acta núm. 0002-2023 del 17 de febrero de 2023, autorizó la licitación para la “modernización del sistema de tráfico”, y designó a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda como coordinador de los peritos», continúa el documento.
La orden de arresto subraya que esta decisión comprometió la imparcialidad del proceso, ya que Baquero había sido quien inicialmente solicitó el procedimiento. Además, otros miembros del comité, como Martha Morillo De León y Filias Bencosme Pérez, firmaron las actas sin haber participado activamente en la creación del pliego de condiciones, y se les entregó el documento ya elaborado.
«En un contexto de falta de transparencia, las observaciones realizadas por el director jurídico Filias Bencosme en su dictamen sobre el pliego no fueron incluidas en la versión final, aunque firmó el documento por presión de la Dirección Ejecutiva. Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann, que no estuvo presente durante la aprobación del pliego por encontrarse fuera del país, tampoco participó en las modificaciones posteriores. Se pudieron observar varias irregularidades el pliego de condiciones como la falsedad en la Fuente de Recursos».
