La crisis sanitaria del Covid- 19 creó condiciones que generaron durante el año 2020, el más brusco y profundo derrumbamiento de la actividad productiva nacional en la historia contemporánea. La crisis coincidió con un cambio de Gobierno que llevó a la presidencia a Luis Abinader, quien asumió el mandato constitucional para enfrentar los más grandes desafíos que la sociedad dominicana ha tenido en 55 años de vida democrática.
El presidente Abinader correctamente ha priorizado el gasto público dirigido a cubrir las necesidades más acuciantes de salud de la población, las dirigidas al control de la pandemia, mediante un exitoso programa de vacunación que ya alcanza más de 5 millones de dosis aplicada, así como la extensión de los programas de transferencias y apoyo económico para las familias mas afectadas por el desempleo y por las dificultades propias de la economía informal.
El gobierno ha comprendido que la inversión en el sector de la construcción es esencial para el restablecimiento de la economía. Así observamos que, en los informes del Banco Central de los meses de marzo y abril, el sector de la construcción ha sido el de más rápida expansión y el que ha contribuido de manera más eficaz a la recuperación de los empleos perdidos.
No obstante, algunos analistas, desconocedores del funcionamiento gubernamental y de las dificultades legales encontradas en los contratos recibidos por la nueva administración, han realizado críticas en función de los datos registrados por DIGEPRES sobre los niveles de ejecución de la inversión. Esta falsa idea ha sido interpretada de manera errónea como una debilidad de los ejecutores de proyectos de infraestructura, que en este artículo tenemos la oportunidad de aclarar mediante una explicación detallada del caso específico del Ministerio de Obras Públicas.
En esta institución, aunque el registro de la inversión para los primeros cinco meses del año totaliza 2.1 mil millones de pesos devengados, aproximadamente el 11 % del presupuesto de 18.2 mil millones para obras de infraestructura, aprobado para 2021, la realidad del nivel de ejecución no debe ser medida por el monto de las cubicaciones de obras ejecutadas y pagadas.
La inversión del MOPC alcanza hasta el mes de mayo la cifra de 9.3 mil millones de pesos, si la medimos por el nivel financiero de la inversión comprometida que ha sido ya ejecutada, pero que por múltiples razones de carácter jurídico, administrativo y burocrático, que han sido denominadas “el nudo legal de los contratos” no ha podido ser registrada en la Contraloría General de la Republica ni, en consecuencia presentada en su totalidad ante DIGEPRES para fines de asignación de cuotas y pago a los contratistas.
¿Cómo se produce esta diferencia entre el registro de 2.1 mil millones de inversión devengada y los 9.3 mil millones realmente invertidos?
Esta diferencia se explica porque casi todos los proyectos estaban paralizados por la pandemia o por múltiples razones, técnicas, políticas o por simple negligencia de la administración pasada, por lo cual debieron ser activados, previa inspección y levantamiento de información, para confeccionar adendas a los contratos. Sin embargo, en muchos casos sufren incrementos presupuestarios superiores al 25% que establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, como han sido los casos de la Autopista Duarte, la Carretera Turística Santiago- Puerto Plata, la Circunvalación de Azua y la Carretera Barahona-Pedernales, entre otros proyectos modificados en su alcance o en su actualización de precios.
Tan pronto este “nudo legal” sea desatado y queden registrados en Contraloría con las adendas correspondientes, que permiten restablecer el llamado “equilibrio económico” de los contratos y los alcances de la intervención, se procederá a solicitar el pago de la inversión adelantada por los contratistas con recursos propios y se reflejará de inmediato en la base de datos de DIGEPRES, el monto realmente invertido por Obras Publicas, equivalente hasta mayo a 9.3 mil millones de pesos. Finalmente, debe explicarse que el MOPC tiene contratos firmados para la construcción de proyectos por un monto 60.3 mil millones de pesos, de los cuales este año ha programado en el presupuesto los 18.2 mil millones con recursos internos del gobierno, más unos 2.0 mil millones de recursos externos, provenientes de fuentes de financiamiento del BID y del Banco Mundial para mantenimiento de caminos vecinales y unos 2.5 mil millones de inversiones financiadas por el Fideicomiso RD-VIAL con recursos provenientes del cobro de los peajes.
No cabe dudas que si en seis meses, a pesar de las dificultades legales encontradas en esos contratos, el Ministerio de Obras Publicas ejecutó el 51% de su presupuesto, la inversión pública cumplirá antes de fin de año el objetivo de convertir la construcción en el principal motor de la recuperación económica.
