El escándalo de corrupción en la ONU destapado por las autoridades estadounidenses vuelve a poner en entredicho a una organización que había prometido extremar la transparencia para evitar que se repitieran los desmanes del pasado.
John Ashe, diplomático de Antigua y Barbuda y expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue detenido ayer en Nueva York acusado de aceptar sobornos de empresarios chinos.
La gravedad del caso -se habla de pagos de más de un millón de dólares a cambio de favores- y el perfil del protagonista -Ashe fue uno de los principales rostros de la ONU entre 2013 y 2014- suponen un duro golpe para la organización.
De confirmarse el escándalo, este supondría «un ataque en el corazón de la integridad de las Naciones Unidas», tal y como reconoció hoy el actual presidente de la Asamblea, Mogens Lykketoft.
El fiscal federal encargado del caso, el mediático Pret Bharara, fue más allá y aseguró que si las acusaciones son ciertas se confirmaría que «el cáncer de la corrupción que afecta a demasiados gobiernos locales y estatales infecta también a las Naciones Unidas».
La sospecha, sin embargo, no es algo nuevo para la ONU, que precisamente hace una década se enfrentó a uno de sus peores escándalos.
Entonces, una investigación desveló que varios funcionarios de las Naciones Unidas estaban implicados en casos de fraude en el programa humanitario para Irak «Petróleo por Alimentos», el mayor gestionado hasta entonces por la organización y que había movido unos 67.000 millones de dólares.
Aquel golpe, que marcó el 60 aniversario de la organización y dañó mucho su reputación, impulsó importantes reformas para reforzar la transparencia y el control.
La lucha contra la corrupción figura incluso como una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gran agenda global aprobada hace apenas unos días por los líderes internacionales en la sede de las Naciones Unidas.
Hoy, cuando la ONU celebra sus 70 años, este nuevo caso amenaza con convertirse en un nuevo quebradero de cabeza para un organismo que, como dijo hoy Lykketoft, debería demostrar los «estándares más altos».
Las noticias sobre Ashe ponen en cuestión no sólo el funcionamiento de la organización, sino la elección de sus líderes, precisamente en un momento en el que numerosas voces piden más luz sobre el proceso de selección del próximo secretario general.
En el caso del presidente de la Asamblea General, un cargo que eligen los 193 Estados miembros y que tiene un papel principalmente de representación, cuestiona además el escaso control que la propia ONU tiene sobre esa figura.
Entre otras cosas, el sueldo del presidente de la Asamblea sale del presupuesto de su país, no de las Naciones Unidas, y a diferencia de otros cargos, este no rinde cuentas ante el secretario general.
Por último, está por ver si el de Ashe es un caso aislado o si se trata únicamente de la punta del iceberg, algo que la fiscalía estadounidense ha dicho que va a comprobar.
«Vamos a preguntar: ¿son los sobornos lo habitual en la ONU?», dijo hoy Bharara, advirtiendo que podría haber más acusaciones.
El fiscal tiene experiencia en la materia, pues se ha destacado por su implacable cruzada contra la corrupción en la política neoyorquina, tras saltar a la fama por su persecución de los desmanes en Wall Street.
La Justicia estadounidense ya ha demostrado además que no duda en actuar contra organizaciones internacionales, como dejó claro este año en el caso abierto contra la FIFA, también desde Nueva York.
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