Como información básica de su geografía, la República Dominicana tiene una superficie terrestre de 48,320 kilómetros cuadrados, pero esa extensión puede más que duplicarse si el país concreta sus pretensiones de ser reconocido, sin oposición, bajo la condición de Estado archipielágico.
En la actualidad, el país se prepara para discutir y defender ante potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, así como con su vecino Haití y Holanda, la categoría de archipielágico que se autoadjudicó en 2007 mediante la Ley 66-07, que también creó la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (Anamar), como órgano de derecho público encargado de velar por la investigación, conservación y aprovechamiento de los recursos del mar.
Dicha ley incrementa la superficie total del país a 98,029 kilómetros cuadrados, al atribuirle un área marina de 49,709 kilómetros cuadrados como zona económica exclusiva.
Pero República Dominicana deberá convencer a todos los países con los que hace frontera para que se le reconozca tal tamaño. Con fines de preparar argumentos sólidos de negociación y ante la posibilidad de una controversia que lo lleve ante la Corte Internacional de Justicia, el país ya contrató los servicios del experto en litigio y arbitraje internacional, Paul S. Reichler, de la firma Foley Hoag, con sede en Washington.
Al ofrecer la información, Pascual Prota, director de Anamar, expresa su esperanza de que se pueda llegar a acuerdos sobre los límites sin tener que recurrir a un proceso de arbitraje.
Indica que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se han enviado comunicaciones a los países con los que se tiene frontera sin delimitar, informándoles del interés nacional de sentarse en la mesa de negociación.
Hace énfasis en la conveniencia de que cada país pueda tener delimitado todo su territorio y conocer sus derechos sobre la zona económica exclusiva. “En el fondo del mar y el subsuelo hay muchísimas riquezas, todos los minerales que están en tierra están en el mar y es necesario que los Estados sepan cuál es su territorio legalmente”.
La zona económica exclusiva o mar patrimonial, establecida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar (Convemar), de diciembre de 1982, “es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en dicha convención”. La zona se extiende hasta 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de la cuales se mide la anchura del mar territorial.
Sobre el botón amarillo, mueva de un lado a otro la línea verde sobre la imagen siguiente para apreciar la diferencia de superficie del país antes y después de la declaratoria de estado archipielágico.
“Dentro de su zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de “exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos”, detalla el documento de la Convemar.
Otros derechos se refieren en la utilización de islas artificiales, investigaciones científicas y preservación del medio marino, conforme la convención que fue firmada por 119 países. República Dominicana rubricó el documento en 1983, pero fue en 2008 cuando lo ratificó el Congreso Nacional.
La delimitación de sus fronteras marítimas ha sido motivo de controversias entre varios países. En 2012, la Corte Internacional de Justicia decidió sobre un conflicto entre Colombia y Nicaragua, otorgándole al primero los derechos sobre siete islas intermedias y estableció los límites de varias de ellas.
Dos años después, en 2014, la Corte también falló sobre un conflicto del mismo ámbito entre Chile y Perú, definiendo los límites marinos entre ambos países a partir del punto denominado Concordia, en el Océano Pacífico.
RD archipielágica
Mediante la Ley 66-07, República Dominicana estableció que su zona económica exclusiva sería “el área marina adyacente al límite externo de la zona contigua con una anchura de hasta 200 millas náuticas medidas a partir de la línea de base archipielágica y en dirección del alta mar. Su límite externo está definido por un conjunto de líneas rectas que unen 23 puntos.
Los límites propuestos en la Ley alteraron los ya establecidos entre el país y Puerto Rico, por lo que Estados Unidos presentó oposición a la declaratoria argumentando que el concepto no se aplica para el país. También con Gran Bretaña, debido al espacio de las Islas Turcas y Caicos con quienes se disputa, entre otras áreas, el Banco del Pañuelo.
Entre las observaciones que tiene Estados Unidos, detalla Prota, es que las líneas que presenta el país sean mayores y que aunque los bancos son parte del territorio tienen que emerger, estar por encima del nivel del mar. “Ellos dicen que en algunas zonas esos bancos no están por encima del nivel, pero son asuntos técnicos y es difícil encontrar un estado en el mundo que cumpla con todos”.
Japón también se cuenta entre los que han puesto observaciones a la declaratoria aunque no tengan frontera con Dominicana. Su interés es tener información del proceso que le puede servir de utilidad en sus conflictos con China.
República Dominicana hace frontera marina además con Colombia y Venezuela, las que ya están debidamente definidas entre las partes, mediante acuerdos firmados en 1978 y 1979, respectivamente. También limita con Holanda y Haití, pero esos países no se oponen a la declaratoria de estado archipielágico, solo que aún sus gobiernos no se sientan a definir los límites.
Pascual Prota entiende que la dificultad con Haití viene dada por la inestabilidad institucional en el vecino país, que no ha permitido sentarse a una negociación.
