La semana pasada muchos puertorriqueños gritaron contra el “colonialismo” y pidieron un prexit, es decir, la salida de su país de Estados Unidos. También denunciaron a la junta de control fiscal que pronto dirigirá el gobierno y las finanzas de la isla.
El jueves por la tarde parecía que el gobernador Alejandro García Padilla se unía a la protesta al declarar una moratoria de las deudas de la isla, justo un día antes de que se efectuara un gran pago y pese a que el presidente Barack Obama firmó una nueva ley que impide que el gobernador puertorriqueño tome esa medida.
Sin embargo, bajo la retórica desafiante expresada en programas de televisión, protestas laborales y la vigilia realizada en la corte federal, también se percibe resignación.
Muchos se percataron de que los propios funcionarios electos de Puerto Rico dejaron que la isla se hundiera en una espiral mortal.
“No es su culpa, es culpa nuestra porque votamos por ellos”, dijo Dielmarie Negrón, una estudiante de geografía de la Universidad de Puerto Rico y voluntaria de la Iniciativa Comunitaria, un grupo sin fines de lucro que atiende a los adictos y a las personas que no tienen hogar en varias ciudades de Puerto Rico.
“Nos sentimos mal, porque ya no podemos tomar nuestras propias decisiones”, añadió después de la votación en el senado estadounidense. “Pero fueron nuestras decisiones las que nos trajeron hasta aquí”.
La mayor parte del financiamiento de la Iniciativa Comunitaria viene del gobierno de Puerto Rico, por lo que su presupuesto se ha reducido en un 40 por ciento en los últimos tres años debido a los problemas económicos de la isla.
La necesidad de pagar la deuda de 72 mil millones de dólares que acumuló Puerto Rico ha provocado recortes en gastos gubernamentales, lo que ha dejado una estela de devastación con escuelas clausuradas, menor número de camas de hospital y muchas personas que perdieron sus hogares.
Además de imponer control federal, la nueva legislación permite que el país reduzca unilateralmente sus deudas, algo que los deudores solo pueden hacer al declararse en quiebra.
La ley federal le prohíbe explícitamente a todas las ramas del gobierno puertorriqueño que se declaren en quiebra, al contrario de lo que podrían hacer muchas ciudades y condados de Estados Unidos si estuvieran en la situación de la isla, y esa exclusión es vista por muchos puertorriqueños como una bofetada en la cara.
Las recientes acciones de García Padilla simbolizan el ánimo contradictorio que se experimenta en Puerto Rico. El gobernador pasó de manifestar su lealtad al tema de la intervención federal a convertirse en el primer líder en la historia de la isla en viajar a Cuba.
A principios de junio asistió a una cumbre del Caribe en calidad de observador, habló con el presidente Raúl Castro y sentó las bases para establecer una oficina comercial en La Habana.
El viaje sorprendió a los políticos de Washington, que durante meses impulsaron la nueva legislación y esperan que el gobernador se les una en la ofensiva que tendrá lugar en el Congreso estadounidense.
Esta semana, García Padilla visitó Washington y acompañó al secretario del Tesoro, Jacob J. Lew, para presionar por el proyecto de ley.
Los legisladores han dicho que tienen el poder de decretar el articulado bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, lo que ha renovado el debate sobre si Puerto Rico debe ser un estado, un territorio o una nación soberana.
Tal vez la voz más contundente en el Senado contra la aprobación de la ley era Bernie Sanders, el senador independiente de Vermont que compite por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos, quien dijo que la junta sería como establecer una institución colonial en la isla.
