El Senado de Brasil puede decidir si la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, será finalmente destituida en en medio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, según un plan de trabajo aprobado hoy por la comisión a cargo del juicio político.
Tras dos sesiones de intensas polémicas, la comisión del Senado responsable del proceso respaldó hoy un cronograma presentado por el senador Antonio Anastasia, quien actúa como instructor, que propone que la primera de las dos votaciones en que se jugará la definitiva suerte de Rousseff se celebre entre los días 1 y 2 de agosto.
Esa fecha pudiera ser alterada por el desarrollo del proceso, pero, si se cumplieran esos plazos, esa votación será realizada casi en vísperas de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos, que está prevista para el día 5 de agosto en Río de Janeiro.
Si en esa primera votación 41 de los 81 senadores respaldaran la continuidad del proceso, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien comparte la responsabilidad del juicio con el Senado, deberá convocar al pleno de la Cámara Alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto.
En esa definitiva instancia, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios de los senadores (54 votos) y, en ese caso, el presidente interino, Michel Temer, debería completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
Sin embargo, si no se alcanzara esa mayoría calificada, Rousseff retomaría su cargo una vez que se publique la sentencia, con lo que, si los plazos establecidos por el instructor se cumplieran, Brasil pudiera asistir a una auténtica «vuelta olímpica» de la mandataria.
El cronograma presentado por Anastasia plantea que durante los próximos días serán escuchados los testigos presentados por la parte acusadora y la defensa.
Posteriormente, Rousseff tendría la oportunidad de presentar su defensa personalmente ante la comisión el día 20 de junio.
La mandataria ya ha entregado a la comisión un primer documento de defensa por escrito, en el que insiste en que es víctima de un «golpe» y niega la supuesta ilegalidad de las maniobras fiscales en que se sustentan las acusaciones.
También sostiene que es objeto de «maniobras políticas» dirigidas a impedir que avancen las investigaciones sobre la corrupción en la estatal Petrobras, que salpica tanto a su entorno como al del propio Temer.
Sobre la base de los testimonios de la acusación y la defensa, el instructor Anastasia elaborará un informe que sería sometido el 25 de julio a la comisión, que tras dos días de debates lo remitiría al pleno del Senado, que lo votaría entre el 1 y 2 de agosto.
La aprobación del plan de trabajo presentado por Anastasia fue precedida por dos sesiones de intensas polémicas, desatadas por una propuesta de la senadora Simone Tebet que habría recortado esos plazos en unos veinte días.
Tebet, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, apoyada en algunos artículos del código penal que establecen plazos más breves para algunas etapas de un juicio, pidió que esas normas se aplicaran en el caso de Rousseff.
La propuesta fue aceptada en principio por la comisión, lo que generó una fuerte reacción de los senadores partidarios de Rousseff, que denunciaron que podría afectar el derecho a la debida defensa de la mandataria y le atribuyeron la autoría de la propuesta a Temer.
El pasado viernes, el presidente interino se vio en la necesidad de aclarar que ni siquiera sabía de esa propuesta.
Temer aseguró que esas «especulaciones» suponían una «agresión» a su pleno «respeto a la independencia de los poderes» y se manifestó «indignado» con que se insinuara que pretendía recortar los plazos del proceso.
El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, también protestó y anunció que apelaría ante la Corte Suprema, que ni siquiera llegó a pronunciarse, ya que la propia comisión decidió hoy descartar la propuesta de Tebet y adoptar el plan de trabajo inicial.
