El hondureño Mario Roberto Zelaya Rojas tiene el dudoso privilegio de ser uno de los primeros latinoamericanos en ser investigados por un novedoso programa de la justicia de Estados Unidos para combatir la corrupción internacional: la Iniciativa para Recuperar Bienes de la Cleptocracia (CARI, por sus siglas en inglés).
Este exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) está detenido desde 2014 en una cárcel militar de su país, donde enfrenta un juicio penal por un desfalco millonario ocurrido en esa institución.
No a la cleptocracia en RD, a la cárcel los corruptos. #CarcelAPimentelKareh #CierreDeOISOE pic.twitter.com/0yrweXBH2X
— PoderCiudadanoRD (@PodCiudadanoRD) February 18, 2016
En enero de 2015, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció una acción civil en contra de Zelaya, para incautar nueve propiedades en el estado de Luisiana y otros bienes valorados en unos US$1,5 millones.
Las autoridades estadounidenses creen que esas propiedades fueron adquiridas con fondos procedentes de un soborno por US$2 millones que habría pagado una compañía de tecnología hondureña a Zelaya Rojas para obtener el pago de un contrato por US$19 millones con el IHSS.
«Nuestra acción hoy demuestra cómo la Iniciativa contra la cleptocracia, con nuestra red de socios judiciales alrededor del mundo, ubicará y recuperará los bienes mal habidos de los funcionarios corruptos», dijo la fiscal general adjunta Leslie Caldwell al anunciar la medida contra Zelaya Rojas.
El exdirector del IHSS no es el único exfuncionario de esa institución que ha sido investigado a través de este programa estadounidense contra la corrupción.
El ex gerente administrativo José Ramón Bertetty Osorio y el exjefe de Compras y Suministros José Zelaya Guevara también fueron objeto de medidas de aseguramiento de bienes, concretamente de propiedades en los estados de Florida y de Luisiana valoradas en US$1,5 millones.
El otro caso latinoamericano es el de Jose Cassoni Rodrigues Goncalves, un funcionario de la agencia tributaria de Brasil a quien se le incautaron fondos por unos US$2 millones en 2012, luego de que las autoridades de su país le acusaran de haberse enriquecido al participar en una trama de defraudación fiscal.
Los millones de la corrupción
Los montos afectados por el caso del IHSS son una parte muy pequeña de los fondos desviados por la corrupción que las autoridades estadounidenses intentan recuperar.
Desde su establecimiento en 2010, la Iniciativa contra la cleptocracia ha iniciado 26 acciones judiciales relacionadas con una veintena de casos, en los cuales aspira a recuperar unos US$1.659 millones.
El caso de mayor cuantía se relaciona con el fallecido general Sani Abacha, quien gobernó Nigeria entre 1993 y 1998. En esta investigación se busca recuperar unos US$630 millones, de los cuales ya han sido incautados US$480 millones mientras el monto restante aún se encuentra pendiente de decisiones judiciales.
Otra investigación por montos muy elevados es la abierta contra Gulnara Karimova, hija del presidente de Uzbekistán, Islam Karimov.
Considerada durante años como una de las personas más poderosas de Asia Central, Karimova fue embajadora de Uzbekistán ante España y ante las oficinas de la ONU en Ginebra, además de modelo y diseñadora de modas.
Las autoridades estadounidenses quieren incautar unos US$300 millones vinculados con supuestos sobornos que ella habría recibido por parte de empresas de telecomunicaciones rusas y escandinavas para darles acceso al mercado uzbeko.
Otro heredero en aprietos con la justicia estadounidense Teororo Obiang Mangue, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente de ese país, Teodoro Obiang.
De acuerdo con información del Departamento de Justicia, Obiang Mangue «recibía un sueldo oficial de menos de US$100.000, pero usó su posición e influencia para amasar bienes por más de US$300 millones a través de la corrupción».
Las autoridades estadounidenses incautaron algunos de esos bienes y lograron un acuerdo con Obiang, mediante el cual él se comprometía a vender una mansión en California valorada en US$30 millones, un Ferrari y varios objetos valiosos que pertenecieron a Michael Jackson, incluyendo una chaqueta autografiada deThriller.
Los fondos recuperados, según el acuerdo, deben ser usados en beneficio del pueblo de Guinea Ecuatorial.
Un equipo especializado
La justicia estadounidense ha perseguido casos de corrupción internacional desde hace bastante tiempo. Un ejemplo de ello es la investigación sobre los bienes del exjefe de inteligencia de Perú Vladimiro Montesinos y de sus cómplices, que permitió recuperar más de US$20 millones a inicios de la década pasada.
La novedad de la Iniciativa contra la cleptocracia reside en que se cuenta de forma permanente con expertos del Departamento de Justicia y de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI).
«La Iniciativa contra la cleptocracia juega un papel clave en los esfuerzos del gobierno para ayudar a los países a recuperar bienes que fueron robados al pueblo por líderes corruptos», dijo a BBC Mundo un portavoz del Departamento de Justicia estadounidense.
Explicó que en 2014, la Fiscalía General estableció un equipo dedicado a estas tareas dentro del FBI «para contar con mayor capacidad y mayor velocidad de respuesta ante las crisis políticas y prevenir que los bienes robados puedan ser ocultados por regímenes destituidos».
El alcance de la justicia
Pese a ser un programa estadounidense, la Iniciativa contra la cleptocracia dispone de facultades legales amplias para investigar casos ocurridos en otros países.
«Nuestra jurisdicción se origina cuando entra en juego algo de Estados Unidos, como el uso de dólares o de nuestro sistema financiero», explicó en entrevista con BBC Mundo Darryl Wegner, jefe de la Unidad contra la corrupción internacional del FBI.
Dinero bajo juicio
Fondos que reclama la Iniciativa contra la cleptocracia
- US$630.000.000 Sani Abacha, exmandatario de Nigeria
- US$300.000.000 Gulnara Karimova, hija del presidente de Uzbekistán
- US$250.000.000 Pavel Lazarenko, ex primer ministro de Ucrania.
- US$71.500.000 Teodoro Obiang Mangue, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial
- US$1.500.000 Chen Shui-Bian, expresidente de Taiwán
«Si el dinero se convierte en dólares en algún momento, podemos investigarlo. Si se mueve sólo en efectivo de un país a otro y no en dólares, no podemos. Pero eso es poco frecuente, pues en algún momento quieren tener su dinero en moneda dura y no hay muchas opciones para ello», agregó Karen Greenaway, agente especial de la Unidad contra la corrupción internacional del FBI.
El programa tampoco se limita a incautar bienes localizados en Estados Unidos.
«Depende también de la colaboración que tengamos de otros países. Por ejemplo, en algún caso de África logramos recuperar muchos millones que no estaban en Estados Unidos sino en otros tres o cuatro países que colaboran con nuestra justicia», dijo Greenaway a BBC Mundo.
Aunque puede parecer ideal que la recuperación de bienes procedentes de la corrupción se logre como consecuencia de una condena penal, la legislación estadounidense prevé un tipo de confiscación aplicable a estos casos que no depende de una sentencia criminal y que resulta de mucha utilidad en los casos en los que no es posible lograrla.
¿De dónde surgen las investigaciones?
Aunque muchos casos surgen por solicitud de las propias autoridades de los países afectados, Greenaway dijo que cualquier persona puede presentar un caso para investigar.
Además, las denuncias no tienen que hacerse obligatoriamente en Estados Unidos, pues el FBI cuenta con agentes que trabajan como consejeros legales en unas 60 embajadas alrededor del mundo, que pueden recibir la información.
«Tomamos la información recibida, la verificamos y valoramos nuestra capacidad para obtener evidencia. Si el caso es muy antiguo, probablemente no seremos capaces. También tomamos en cuenta la cantidad de dinero que pueda estar en juego, pues tiene que tratarse de un monto lo suficientemente elevado como para poder ser rastreado a través del sistema financiero internacional», agregó.
Hasta ahora sólo se conocen los detalles de las 26 investigaciones que la Iniciativa contra la cleptocracia ha tenido que presentar ante los tribunales, pero eso no significa que se trate de los únicos casos.
«Las investigaciones toman tiempo. Una muy rápida puede durar seis meses, pero usualmente pueden tardar años. No hay dos casos iguales», advirtió Wegner.
Quizá para conocer nuevos casos habrá que esperar a la próxima crisis política internacional.
