Otorgar licencias de conducir a los indocumentados se ha convertido en toda una cruzada para los grupos proinmigrantes en EE.UU., que ven en ese documento no solo un derecho sino la posibilidad de inclusión para quienes llegan al país de las largas distancias y el pluriempleo.
Aunque ya son 12 de los 50 estados, además del Distrito de Columbia y Puerto Rico, los que conceden permisos para conducir sin importar la condición migratoria, en otras zonas la lucha acumula años.
«A veces la necesidad nos hace manejar», confesó a Efe una inmigrante mexicana que prefirió no divulgar su identidad y que recientemente acabó en un juzgado después de que un policía en Fredericksburg, en el estado de Virginia, la amonestara por no portar la licencia de conducir.
Ese día, la mujer indocumentada, que vive en EE.UU. desde 2001 y es madre de tres menores, tenía que llevar a su hijo al colegio unas carpetas que había dejado en casa. El olvido le salió caro, ya que terminó con una multa de 123 dólares.
«Da cosa (miedo) ir a la corte», lamentó esta mujer, que aseguró que el juez «se portó bien».
En estados como Virginia, Texas e incluso Nueva York, cuya capital es una ciudad «santuario» para indocumentados, los inmigrantes que solicitan una licencia de conducir deben probar que residen legalmente en el país.
Los grupos proinmigración argumentan que la licencia de conducir es una necesidad y garantía para la movilización segura de quienes tienen que desplazarse grandes distancias para ir al trabajo -que en algunos casos llegan a ser dos e incluso tres empleos-, llevar a los niños al colegio o trasladar enfermos.
«La licencia de conducir da mucha libertad y mucha posibilidad de integración con la comunidad», explicó a Efe el gerente de Programas de Integración de Inmigrantes de la organización CASA, Pablo Blank.
El portavoz relató que muchos inmigrantes cuando han logrado obtener su licencia consiguen mejores trabajos, «porque han podido ir a otros lugares donde no llega el transporte público».
Es tal el debate que hasta el influyente diario The New York Times ha intervenido pidiendo que «permitan conducir a los inmigrantes indocumentados».
El rotativo citó datos del Centro Pew, según los cuales en el estado de Nueva York vivían 750.000 indocumentados en 2016, que representaban más del 5 % de la mano de obra local.
Además, en un editorial el periódico recordó que fue el ahora exgobernador George Pataki quien ordenó que los solicitantes del carné de conducir debían probar su estatus migratorio tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Desde entonces la lucha en Nueva York se ha concentrado en devolver el permiso de conducir a los inmigrantes sin importar su condición.
«Nuestra pelea actual es que restituyan las licencias de conducir para todo mundo, incluyendo los indocumentados», declaró a Efe Natalia Aristizábal, codirectora de la organización «Se hace camino Nueva York» («Make the road New York»), una de las promotoras de la medida.
Y la justificación no es otra que facilitar el día a día a los beneficiados: «La ciudad de Nueva York es bastante grande, el estado es aún mucho más grande, hay áreas que están fuera de la ciudad que tienen gran distancia, que los buses usualmente pasan cada media hora o 45 minutos», explicó.
Otra preocupación es que los indocumentados que manejan sin licencia -que en EE.UU. equivale a un documento de identidad- pueden afrontar problemas con las autoridades.
Para Luis Aguilar, director de la organización CASA en Virginia, donde esta lucha ya cumple cinco años, manejar sin licencia puede significar que un indocumentado entre «en una vía hacia la deportación».
Uno de los casos más sonados ocurrió el año pasado cuando el repartidor de pizzas ecuatoriano Pablo Villavicencio fue arrestado en una base militar después de que le pidieran un documento de identificación y él presentara el carné de la ciudad de Nueva York en vez de la licencia de conducir, lo que no fue aceptado por las autoridades, que acabaron deteniéndolo.
Villavicencio finalmente no fue deportado, gracias a las protestas que hubo para evitarlo.
Más allá de los beneficios individuales, nuevas licencias supondrían un aumento de los ingresos para las localidades -que para Nueva York se estiman en 26 millones de dólares-, así como una mayor seguridad vial y del número de conductores amparados por un seguro.
