El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aseguró hoy que su Gobierno pondrá en práctica un conjunto de recomendaciones de su asesor Rudolph Giuliani, para controlar “drásticamente los asaltos, robos y ataques criminales a que frecuentemente es sometida la población dominicana”.
Durante una rueda de prensa junto a Giuliani, quien mostró el informe “Una Nación, una ley que equivale a justicia para todos”, Abinader expuso que en su administración serán adoptadas medidas eficientes y eficaces tanto en la actuación policial como en el Ministerio Público, adecuándolas debidamente a las leyes y el contexto social y cultural del de la República Dominicana.
“Para que desde los primeros días de nuestro gobierno hagamos efectiva una de las primeras responsabilidades del Estado, que es garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y el cuidado de los bienes de las personas en todo el territorio nacional”, señaló el dirigente político.
Aseguró que está consciente de las implicaciones sociales y económicas de la delincuencia y la violencia, para lo cual su gobierno desarrollará políticas públicas de alta efectividad, “tomando siempre en cuenta que los ataques a las personas y el despojo de sus bienes son una prioridad relacionada con el derecho mismo a la existencia humana, prevista en las leyes de los hombres y el mandato de Dios”.
Abinader sostuvo que para empezar a mejorar la seguridad de las y los dominicanos “nuestra gestión del cambio” incluye un salario mínimo equivalente a 500 dólares para los rasos, incremento de sueldo y otros beneficios en todos los rangos de la institución, pago adicional por horas extra al personal que exceda su jornada normal de trabajo y equipamiento y cambios fundamentales en los procedimientos policiales del país.
Resaltó que para darle el carácter de compromiso al tema de la seguridad ciudadana y el orden público, el despacho del Presidente de la República y la jefatura de la Policía Nacional tendrán a su cargo el diseño y seguimiento cotidiano de una estrategia “clara y concisa” de reducción de la delincuencia.
Equipo de Giuliani. Bajo el concepto “Una nación, una legislación es igual a Justicia para Todos”, y como parte del acuerdo de asesoría con la campaña presidencial de Abinader, el equipo Giuliani Security and Safety realizó un diagnóstico sobre la seguridad ciudadana en la República Dominicana.
Según el informe enviado a este medio, entre los hallazgos puntuales de la investigación, que incluyó estudios en línea sobre estadísticas y casos de organismos mundiales, así como investigaciones y entrevistas en campo, entre el 30 y el 40% de las muertes por homicidios son clasificadas erróneamente.
Señala que a menudo las familias de las víctimas deben sobornar a funcionarios corruptos en el lugar del accidente para que les entreguen sus familiares muertos, además de que con frecuencia las víctimas de crímenes no presentan denuncias por no confiar en el sistema penal judicial, lo que hace las estadísticas de criminalidad no sean reportadas adecuadamente y resulten inexactas.
De igual forma, precisa que no existe un banco de ADN para ayudar a solución de crímenes y seguir patrones de criminalidad.
Funcionarios y personas adineradas obstruyen procesos penales y judiciales. Las estadísticas de criminalidad no son transparentadas, y con frecuencia la evidencia del crimen se pierde o es robada.
En su investigación, el equipo de Giuliani recibió informes de oficiales de la Policía Nacional que reconocen existe un aumento de 44% de la criminalidad, resultado de la mala gestión de anteriores jefes del cuerpo.
Conforme reseña el informe, el principal problema observado en el sistema fue: La Policía culpa al fiscal, que a su vez acusa a la Policía. No existe una política pública clara en la coordinación de servicios entre la Policía, Fiscalía y la Procuraduría General. Existe una falta de voluntad política para establecer esa política pública.
La investigación estableció además que individuos con conexiones políticas o individuos adinerados tienen el poder de detener las investigaciones los arrestos o cerrar procesos penales en cualquier instancia del sistema de justicia.
