Un nuevo caso de presunta corrupción involucra al expresidente Otto Pérez Molina, que permanece detenido a la espera de juicio desde que se viera obligado a dejar la presidencia el año pasado.
Esta vez se trata de un presunto cobro de sobornos por US$25 millones después de la negociación y posterior concesión de Puerto Quetzal a una empresa española, dinero que luego repartió entre varios colaboradores de su gobierno.
La información fue brindada por la fiscal general, Thelma Aldana; el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas; y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, el viernes.
“Podemos afirmar que el expresidente utilizó su cargo con este negocio para obtener beneficios económicos directos y en detrimento del país”, dijo en rueda de prensa Iván Velásquez, jefe de la CICIG, un ente investigador autónomo respaldado por la ONU y Estados Unidos que colabora con el Ministerio Público.
Esta nueva acusación se produce meses después del escándalo conocido como “La Línea”, un caso que llevó a la renuncia del exmandatario el año pasado.
Según las pesquisas, Pérez Molina y su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, acordaron cobrar casi US$25 millones en cuotas entre 2012 a 2015.
Los fiscales aseguran tener pruebas documentales de que los exfuncionarios y el resto de una red recibieron parte de los pagos acordados.
El gobierno de Pérez Molina adjudicó, en 2012, a la compañía Terminales Contenedores de Barcelona un contrato para construir y gestionar durante 25 años una terminal en Puerto Quetzal, el más grande del país centroamericano.
El proyecto estaba valorado en US$126 millones y tenía que ser financiado en gran parte por fondos del Banco Mundial. La compañía española debía aportar US$8,5 millones.
Además de Baldetti, quien también está en prisión, está señalado Douglas René Charchal, magistrado de la Corte Suprema, contra quien dijeron se pedirá un antejuicio para poder investigarlo.
El viernes, la policía detuvo a nueve personas, incluido el director general de la filial de Terminales Contenedores de Barcelona en Guatemala, el español Juan José Suárez.
Todos enfrentarán acusaciones por asociación ilícita, fraude y cohecho activo.
