En siete días Donald Trump empezó a crear con su firma un mundo que por lo pronto desmonta el que dejó el gobierno anterior y comienza a delinear una nueva dinámica política, social y económica dentro y fuera de EEUU.
En su primera semana en la Casa Blanca, Trump quiso cumplir simbólicamente con dos de sus promesas electorales (comenzar el desmantelamiento de Obamacare, controlar la inmigración de indocumentados y activar la expansión del muro en la frontera sur).
En el proceso se metió, no podemos saber si intencionalmente, en su primera crisis diplomática, nada menos que con México, el tercer socio comercial de EEUU.
El arranque de este gobierno ha sido uno de los más extraños que se ha vivido en Washington en los últimos tiempos: caótico, peleón, impredecible. Aunque por otro lado, tiene cierta lógica porque esas son las características de la personalidad del nuevo presidente.
El sábado, cuando amaneció por primera vez en la Casa Blanca, Trump vio llenarse las calles de DC con una multitudinaria manifestación en contra del recién nacido gobierno. El lunes recibió la primera demanda en su contra por violar la Constitución por los pagos de entes extranjeros que reciben sus negocios.
El gobierno de Trump no ha tenido esa luna de miel que suele darse entre los nuevos administradores del poder, su oposición política y los medios de comunicación. Sobre todo con estos últimos, con quienes el presidente asegura tener una “guerra”, algo ratificado por su jefe estratega Stephen Bannon cuando calificó a los medios como «partido de oposición».
Pese a toda la fuerza que quiera imprimirle a sus primeras decisiones, es muy probable que la sensación de caos que ha caracterizado esta primera semana del gobierno se proyecte en los meses por venir, cuando las decisiones del ejecutivo empiecen a encontrarse con problemas en el Congreso o con demandas en las cortes y hasta en las calles.
Pero esas decisiones, todavía en el plano de lo simplemente simbólico, abren muchas preguntas.
¿Se discriminará a los musulmanes?
La orden ejecutiva firmada la tarde del viernes en el Pentágono para “mantener fuera a terroristas musulmanes extranjeros” es interpretada como el cumplimiento de la promesa electoral de establecer una revisión rigurosa de antecedentes para musulmanes que viven en países que Washington considera que tienen problemas de terrorismo.
Pero para organizaciones de defensa de derechos ciudadanos, esa etiqueta es un «eufemismo para discriminar a los musulmanes», un colectivo cuya imagen ha padecido una mácula desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las acciones posteriores de grupos como Al Qaeda o ISIS. Según la reacción del presidente de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Anthony Romero: “Cualquier esfuerzo por discriminar a los musulmanes y favorecer otras religiones entra en conflicto con la Primera Enmienda (de la Constitución)”.
Esa evaluación presagia una lluvia de demandas contra cualquier decisión gubernamental que sea considerada contraria a la Constitución. De hecho, tras el triunfo de Trump en noviembre, la ACLU publicó en su página web un anuncio en el que por toda bienvenida al nuevo presidente decía: “Nos vemos en las cortes”, como promesa de que buscarán bloquear esas decisiones en el sistema de justicia estadounidense.
¿Se criminalizará a los indocumentados?
Con sus acciones ejecutivas migratorias, Trump ha revivido algunos de los aspectos más polémicos de leyes estatales que en el pasado han sido declaradas como inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, como la famosa SB 1070 de Arizona, que desde 2010 permite a las autoridades pedir la documentación a cualquier persona que parezcasospechosa de ser indocumentada.
Algunos indican que la agilización de los procedimientos de procesamiento y remoción de indocumentados puede no respetar el debido proceso. Por eso, también en este caso es previsible que en los próximos días empiecen a ser presentadas demandas por parte de grupos de defensa de los inmigrantes o de defensa de derechos civiles, como ACLU.
¿Qué hacer con Obamacare?
La primera orden de Trump la adoptó el mismo día de su toma de posesión y busca«Minimizar la carga económica» de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) conocida como ‘Obamacare’. Esta orden habilita a las autoridades a retrasar la implementación de cualquier provisión de ACA que implique una carga financiera o regulatoria a cualquier individuo «máxima extensión permitida por la ley».
La redacción de la orden resulta algo confusa, en buena medida porque se trata de una ley sancionada por el Congreso y porque reconoce que el límite de lo ejecutable es la misma ley. Como consecuencia se ha generado una confusión sobre qué pueden y qué deben hacer proveedores de servicios médicos, autoridades y ciudadanos.
Más allá de su aplicabilidad, la orden comunica a los seguidores de Trump que el presidente cumple sus promesas y que él fue el primero en poner en marcha el mecanismo que finalmente derogue la ley.
¿Quién paga el muro con México?
Al firmarla el miércoles 25, justo cuando llegaba el canciller mexicano a Washington, esta orden ejecutiva fue el disparador de la primera crisis diplomática del nuevo gobierno. En realidad, Trump no ordenó construir un muro porque ese muro ya existe en partes de la frontera, sino que reactivó una ley de 2006 con la que se construyeron las primeras 700 millas de valla fronteriza.
Pero el problema es quién paga por el muro. Trump dice que México y México dice que no. Luego surgió la idea de un arancel del 20% a las importaciones mexicanas, una medida que equivaldría a declarar una guerra comercial que afectaría no solo a los mexicanos sino a las empresas estadounidenses que producen en el vecino del sur.
El tema de aranceles y tarifas comerciales con México está regulado por los acuerdos dentro del Tratado de Libre Comercio (NAFTA, por su sigla en inglés), que todavía no ha sido renegociado, aunque sea la intención de la Casa Blanca. En cualquier caso, el propio acuerdo exige notificación de seis meses antes de gestionar el retiro de uno de los socios.
