El jefe de misión de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en el país rechazó ayer el informe divulgado por Amnistía Internacional, en el que se asegura que República Dominicana expulsó de manera irregular a millares de haitianos en el último año.
Cuando se le pregunta a Jorge Baca, oficial de la OIM, las razones del informe, asegura que cada organismo protege sus intereses y que “en ocasiones la información es sesgada”.
“Creo que hay que lograr reportes más objetivos y en eso nosotros estaremos muy atentos en cooperar con la Dirección General de Migración que desde nuestro punto de vista está haciendo las cosas de manera excelente”, señaló luego de reunirse con el general Rubén Darío Paulino, en su despacho de la Dirección de Migración.
Baca dijo no coincidir con las apreciaciones expresadas por Amnistía Internacional en su informe y se mostró seguro de que el gobierno tiene una política correcta en el tratamiento de los flujos migratorios, además de creer que se están tomando todas las medidas necesarias para poder abordar las migraciones de manera ordenada en el país.
En su informe de 2016, Amnistía acusa de irresponsabilidad tanto al Estado haitiano como al dominicano en el manejo de las “repatriaciones, expulsiones y el retorno espontáneo de decenas de miles de personas de la República Dominicana a Haití tras un plan de regularización de 18 meses de duración para las personas extranjeras indocumentadas que viven en la República Dominicana”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, también había descalificado el informe con el argumento de que ya República Dominicana ha demostrado en todos los foros internacionales cuál ha sido su papel y sus políticas en la gestión de las migraciones en el país.
Navarro aseguró que ya no valía la pena referirse al tema porque todo mundo tenía conocimiento de las buenas políticas y el respeto a los derechos humanos que propicia el Estado dominicano.
El informe de Amnistía Internacional salió a la luz mientras se desarrollaba en el país la asamblea número 46 de la Organización de Estados Americanos (OEA), un escenario que fue aprovechado por varios países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) como San Vicente y Granadinas para resolver la crisis humanitaria que habría creado a cientos de apátridas.
El informe de Amnistía Internacional habla de ciudadanos apátridas que han sido expulsados desde República Dominicana hacia Haití, un tema que cobró fuerza con la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que versó sobre una joven de ascendencia haitiana que solicitaba su documentación como ciudadana dominicana.
La decisión del TC dice que Juliana Deguis no podía tener la documentación en lo inmediato porque sus padres se encontraban en situación de tránsito en el país, una categoría migratoria que no le proveía de documentación a su descendencia.
