La Superintendencia de Electricidad (SIE) tendrá que devolver RD$800 millones a los usuarios del servicio energético debido a los incrementos del 5% en la tarifa eléctrica, calificados de ilegales según dictamen del Tribunal Superior Administrativo (TSA), informó esta mañana la Fundación Justicia y Transparencia (FJT)
Citó la FJT que en su sentencia 0030-1664-2022-SSEN-00605 del pasado 15 de julio el tribunal anula la resolución Núm. SIE-093-2021-TF de la Superintendencia de Electricidad del 27 de octubre de 2021, que aumentaba la tarifa eléctrica los meses de noviembre y diciembre del 2021.
Trajano Vidal Potentini, presidente de la entidad, destacó que el dictamen establece que la SIE incurrió en vicio de forma al inobservar y violar el debido proceso administrativo y el derecho fundamental de la participación de los ciudadanos en los actos administrativos, todo ello en desconocimiento de los artículos 69.10 y 138.2 de la Constitución, además del artículo No, 31 de la ley 107-13, sobre los derechos de las personas en su relación con la administración.
Aseguró que la Superintendencia de Electricidad por concepto del aumento en la tarifa a los usuarios que hicieron las empresas Edenorte, Edesur y Edeeste durante los meses de noviembre y diciembre del 2021, cobró ilegalmente al menos RD$800 millones, que es lo que representaría el 5% de las recaudaciones de RD$7,914 millones y RD$8,083 millones, respectivamente, durante este período.
Potentini recordó que, desde el pasado año se iniciaron los aprestos por parte del gobierno para incrementar la factura eléctrica, cada tres meses, hasta el año 2026, bajo el fundamento de la firma del Pacto Eléctrico.
Otras entidades
Destacó que junto a la FJT también accionaron contra la resolución de la SIE el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), incoando varias acciones judiciales, conjuntamente con el sector social que participó en las discusiones del Pacto Eléctrico.
Resaltó que otras acciones que se interpusieron son recursos ante el Tribunal Superior Administrativo y Constitucional, aún a la espera del fallo, “cuestionando precisamente la ilegalidad del Pacto Eléctrico, que fue firmado sin haberse concluido, y otras anomalías en ese acuerdo”.
Fuente-ELNacional.
