El dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles y el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, entregaron al rector Luis Emilio Rondón el documento en el que se pide que se establezcan los puntos para validar las firmas para activar el revocatorio que se entregaron el 2 de mayo ante el Poder Electoral.
La entrega se realizó en plena calle en el centro de Caracas y en compañía de centenares de personas que se movilizaron atendiendo a la convocatoria a marchar para presionar al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El escrito entregado a las autoridades exige el «respeto de la Constitución» en cuanto al derecho de los ciudadanos a solicitar que se haga un revocatorio del mandato de Maduro, algo que, a juicio de la oposición, se está tratando de impedir.
Asimismo piden «el cumplimiento del reglamento», en cuanto a la celeridad de la observancia de los lapsos establecidos.
La marcha no pudo avanzar hasta la sede del CNE, a unos seis kilómetros al oeste del inicio de la movilización, pues un inmenso cordón policial impidió el paso de los manifestantes y cuando alguno de los que caminaban intentaron traspasar el cerco, fueron repelidos con disparos de perdigones y bombas lacrimógenas. Sin embargo, el objetivo de entregar el petitorio se cumplió igual.
«Nosotros estamos pidiendo que se fijen los puntos de validación. Nosotros no le tenemos miedo a verificar ni validar nuestras firmas. El pueblo quiere validar sus firmas para poder continuar con el procedimiento revocatorio», dijo Capriles al entregar el documento a Rondón, el único de los cinco rectores que ha apoyado los reclamos opositores.
Capriles, sin embargo, pidió que tras la entrega del documento, se pusiera fin a la movilización, aunque varias decenas de personas decidieron continuar. «Nosotros no estamos movilizando para pelear con alguien, (…) nosotros nos estamos movilizando para defender los derechos de los venezolanos», dijo.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró que sí es posible hacer el revocatorio este año, haciendo frente a las declaraciones de voceros del oficialismo que han señalado que ya no hay tiempo.
De no poder hacer el referendo este año, se perdería la posibilidad constitucional de que sea elegido un nuevo gobierno y, de resultar revocado, el presidente cedería el poder a su vicepresidente de turno.
