Las autoridades de la Procuraduría General de la República y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), acordaron poner en marcha un protocolo para la toma de decisiones sobre los vehículos retenidos por conflicto con la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor.
La información fue ofrecida por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y el director de AMET, general de brigada de la Policía Nacional, Frener Bello Arias, tras la firma del documento, que procura establecer, conforme lo dispone la ley, los controles que den lugar a regular la inobservancia de dicha normativa.
Domínguez Brito dijo que es una prioridad para el Gobierno, dentro de su programa de Seguridad Ciudadana, regular el tránsito y en especial las motocicletas, debido a que los robos y atracos en el país se producen en su gran mayoría a través de ese medio de transporte.
“En República Dominicana han disminuido los secuestros y homicidios, ahora el gran reto son los atracos en motocicletas”, enfatizó el procurador general, al tiempo que expresó que la segunda causa de muerte en el país se producen en medio de robos de motocicletas.
Recalcó que es necesario regular el registro de ese medio de transporte para facilitar el aislamiento de los delincuentes que usan esa vía para cometer sus fechorías.
Agregó que para hacer más efectiva la política de control de las motocicletas trabajarán de manera conjunta con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la AMET, ya que el presidente de la República, Danilo Medina, está interesado en que ese trabajo se desarrolle de manera integral.
En el acto de firma del protocolo también participaron el director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix; la secretaria general de la Procuraduría, Maura Martínez, y la fiscalizadora de Tránsito, Katiuska Viviano Castro.
El director de la AMET destacó que la firma del documento contribuirá a reforzar las acciones que implementa el Gobierno dentro del programa de Seguridad Ciudadana.
De su lado, Guarocuya Félix agradeció al procurador y al director de la AMET por la firma del protocolo, ya que, según afirmó, facilitará a que la DGII tenga un control de registro de propiedad de las motocicletas que circulan en todo el país.
Agregó que la DGII dispone de varias unidades de placas para que cada propietario de una motocicleta se registre y regularice la circulación de su vehículo.
El protocolo
Conforme establece el protocolo, la Autoridad Metropolitana de Transporte deberá de informar y enviar al Ministerio Público competente, una relación de los vehículos y motocicletas retenidos por las diferentes infracciones señaladas por la ley, haciéndole de conocimiento el tiempo de retención en los centros de esta naturaleza bajo en control de AMET y los pasos procedimentales que conforme a la ley se hayan agotado, debiendo el Ministerio Público correspondiente, garantizar su cumplimiento.
Asimismo, el Ministerio Público competente, una vez haya recibido el informe de lugar por parte de la AMET discriminará los casos previstos en el literal g del artículo 28, relativo a los incisos 1, 7, 14 y 19 del artículo 27 de la Ley 241-67, de vehículos y motocicletas, procediendo a gestionar y apoderar al Juzgado de Paz Especial de Tránsito u otro tribunal competente para conocer y decidir la solicitud de confiscación de los mismos, salvo las excepciones que establece el mismo literal g, del artículo 28.
En los casos de vehículos y motocicletas removidos por abandono o por estacionarse en lugares prohibidos, o por no estar provistos de ningún documento de propiedad, independientemente de las diligencias particulares que se puedan hacer frente a los dueños, el Ministerio Público correspondiente para estos fines y previo a la venta en pública subasta conforme al artículo 92 de la citada ley, hará un llamado, vía un periódico de circulación nacional, para que los dueños se presenten con las pruebas ante la Autoridad Metropolitana de Transporte, a retirar los vehículos y motocicletas de su propiedad, previa verificación y autorización del Ministerio Público.
Las autoridades indicaron que en esos casos se dará un plazo de quince días francos, haciéndoles saber qué, pasado dicho plazo, se procederá a subastar los mismos, previa solicitud y obtención de la cancelación de la matrícula correspondiente, incluyendo números de registro y de placas, basado en las previsiones contenidas en el artículo 6, literal c de dicha ley.
Además para los casos de partes y chatarras de vehículos y motocicletas, entiéndase inservibles, que ocupan espacios en los diferentes depósitos destinados a estos fines, que no tienen dueño o que de tenerlo han consentido que la autoridad disponga de los mismos, se procederá también a subastarlos y los recursos provenientes de los mismos se utilizarán, en partes iguales, para las misiones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, de la Autoridad Metropolitana de Transporte y del Ministerio Público.
El documento fue firmado durante un acto realizado en la Procuraduría General, en el Centro de los Héroes.
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