La puerta se ha entreabierto para Puerto Rico. Después de meses de marasmo financiero y de semanas de negociaciones políticas, el acuerdo alcanzado en el Congreso por la Administración Obama, los representantes demócratas y la hasta ahora reticente mayoría republicana, que permitirá a la isla reestructurar su elevada deuda financiera, de 70.000 millones de dólares (casi 62.000 millones de euros), supone un importante paso hacia la salida del túnel. La contrapartida será una cesión de poder fiscal y presupuestario por parte de Puerto Rico (estado asociado, que no incorporado, a los Estados Unidos), que se concretará en la creación de un órgano supervisor encargada de vigilar el proceso. Pendiente de que las dos cámaras legislativas lo avalen, si el speaker (presidente-portavoz), Paul Ryan, logra sacarlo adelante con apoyo de su mayoría republicana o con ayuda demócrata, la solución encontrada permite también sortear las dificultades legales. La principal, que Puerto Rico, por su peculiar encaje en el entramado jurídico-político norteamericano, no puede declararse en quiebra.
Ha sido la principal queja de las autoridades de la isla, y en particular de su actual gobernador, Alejandro García Padilla. Frente a la creciente deuda acumulada con los acreedores, el margen de maniobra es mucho más reducido. Dado que se trata de un estado libre asociado, y no de un estado más de la Unión, Puerto Rico quedó excluida en 1984 del artículo 9 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos, lo que implica que no tiene autonomía para declararse en quiebra y poder reestructurar su deuda.
Crisis humanitaria
Durante las últimas semanas, la mayoría republicana en el Congreso se ha resistido a firmar cualquier acuerdo que implicara cualquier desembolso de dinero de las arcas estadounidenses. El desbloqueo político se consumó ayer cuando Ryan proclamó que la reestructuración de la deuda de Puerto Rico «no costará ni un dólar a los norteamericanos».
Dada la urgencia, Nancy Pelosi, líder demócrata en el Congreso, se mostró partidaria de utilizar las vías más rápidas en el trámite de la ley, de forma que la isla pueda iniciar el proceso para salir del caos financiero. A lo que añadió su satisfacción por haber hecho posible «lo que sólo podía llevar a cabo el Congreso de los Estados Unidos: dotar a Puerto Rico de las herramientas necesarias para salir de esta crisis».
El órgano supervisor previsto en la nueva ley, con siete miembros que representarán a las dos administraciones y al Congreso, supervisará el proceso de reestructuración de la deuda y aprobará los certificados previos que sean necesarios. También tendrá la capacidad de aprobar los planes fiscales y presupuestarios del Gobierno de la isla, así como la de plantear sugerencias para su cumplimiento.
