Los cabecillas de la red criminal que estafó los “ancianitos” residentes en Estados Unidos llevaban una lujosa vida al estilo de los grandes narcotraficantes y habían adquirido centros de diversión y otros negocios, según el Ministerio Público.
El órgano acusador establece que los integrantes de la red transnacionales frecuentaban bares donde las bebidas se las servían adornadas de velas como “candilejas”, proyectando una imagen de magnate y haciendo galas de bonanzas y opulencia con recursos productos de una estafa por más de 300 millones de dólares contra al menos 100 envejecientes, mucho que pasan de 90 años.
La estructura de crimen organizado internacional opera desde el 2016, bajo la modalidad de call centers o centros de llamadas.
Su modus operandi consistía en llamadas telefónicas desde computadoras con un sistema sofisticado conectado al internet, utilizando un paquete de servicios en línea gratuito de centro de contacto de código abierto llamado “VICIdial”, que se realizan desde los “call centers o centros clandestinos de llamadas”.
La persona que llama le indica a la víctima anciana cómo proporcionar el dinero para pagar la fianza de un familiar que supuestamente había infringido la ley, a través de una persona que se hacía pasar como abogado.
Producto de la gran cantidad de denuncias de víctimas que estaban siendo afectadas en diferentes Estados de los Estados Unidos de Norteamérica, la agencia Homeland Security Investigation (HSI), inició las investigaciones, tales como inteligencia, indagatorias, entrevistas, interrogatorios, levantamientos de cámaras, análisis de celulares, seguimientos y arrestos de reclutadores, de los recogedores (Pick Up) y mulas de dinero, que operaban en los Estados Unidos, logrando así que la Policía de Nueva York identificar que los centros de operaciones de las llamadas a las víctimas (Opener/abridor) hasta el cierre con el falso abogado (Closer/cerrador), se realizaban desde la República Dominicana, específicamente en la provincia de Santiago de los Caballeros, y desde aquí instruían a sus colaboradores o miembros asociados que operaban en los Estados Unidos.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país una red de estafas contra ancianos estadounidenses, enfrentarían una pena máxima de 20 años por cada uno de los 19 cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
