La situación de calamidad pública decretada en Río de Janeiro, a mes y medio de las Olimpiadas, ha destapado el agujero del estado y ha acentuado la preocupación de organizaciones civiles sobre los riesgos que los recortes pueden suponer para celebración de los Juegos.
Amenazado por la quiebra, el gobierno de Río de Janeiro declaró el viernes el estado de calamidad pública en sus finanzas como estrategia para cumplir sus compromisos con los Juegos Olímpicos, que serán inaugurados el próximo 5 de agosto.
El objetivo, lograr fondos para concluir las obras olímpicas y adoptar medidas excepcionales, como la obtención de préstamos y la firma de contratos sin concurso público.
Tras la declaración, el estado de Río podría conseguir hasta 3.000 millones de reales (unos 840 millones de dólares) de fondos federales, según medios locales, para avanzar en los proyectos inconclusos.
Aunque puede aliviar la presión sobre el estado de Río, el decreto no resuelve el problema y el gobernador interino, Francisco Dornelles, ha reconocido que «se tomarán medidas duras».
Los problemas económicos se suman a otras luces rojas -como el zika, la inseguridad o la contaminación de las aguas donde se desarrollarán algunas pruebas olímpicas- que han provocado incluso que algunos sectores pongan en duda la conveniencia de celebrar los Juegos de Río 2016.
Al respecto, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ha dicho en Twitter tener la «certeza» de que la seguridad del evento no será un problema, gracias al apoyo del Gobierno federal, y ha recalcado que la situación financiera de la región no atrasará «las entregas olímpicas, ni los compromisos asumidos por Río».
El Consejo Federal de Medicina (CFM) de Brasil ha alertado también de la falta de capacidad de la red pública de salud para atender la demanda durante la cita olímpica.
Entre los problemas más urgentes, la falta de profesionales, la escasez de reservas de sangre y la precariedad en el acceso a medicamentos en los hospitales públicos.
