Al gabinete gubernamental que administrará el país para los próximos cuatro años ya le espera una lista de diversos temas económicos que debe atender, según las opiniones de varias organizaciones de empresarios, economistas y de trabajadores.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, consideró en marzo pasado, que entre las principales prioridades que se tienen que tomar en cuenta para un próximo gobierno deben estar el fortalecimiento de las instituciones públicas, un pacto eléctrico, una reforma laboral y un pacto fiscal.
En lo que respecta a la reforma laboral, Blanco Canto espera que la misma sea priorizada para democratizar el tema de las contrataciones, flexibilizar horarios y para desmontar el tema de la cesantía laboral, porque, según entiende, esa es una de las grandes limitantes que impiden que los salarios reales del país se puedan actualizar y aumentar.
En lo que tiene que ver con el pacto fiscal, dijo que los empresarios aspiran a que luego de un gran convenio con el gobierno se pueda racionalizar el gasto público, se establezcan los mecanismos de control del mismo para que se haga de la manera más eficiente posible y se logre un sistema fiscal que sea más equitativo para todo el mundo.
El economista y vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Ernesto Selman, el tema fiscal representa el reto más importante en términos económicos para la República Dominicana.
“Desde el inicio de operaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, hemos abordado el tema fiscal con análisis e investigaciones profundas para realizar propuestas concretas. En este sentido, hemos presentado a la sociedad dominicana dos anteproyectos de ley que serían los fundamentos del pacto fiscal contenido en la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo”, sostuvo.
Entre las prioridades que contiene la propuesta de las centrales sindicales para quienes resultaran electos del torneo electoral, se destacan la solicitud de políticas de desarrollo sectorial estratégico, de competitividad y de promoción del empleo decente.
Con la Confederación Nacional de Unidad Sindical a la cabeza, las demás centrales sindicales también solicitan un sistema de promoción de la iniciativa económica a diversas escalas productivas, que pueda perfeccionar la aplicación del régimen tributario a las pequeñas y medianas empresas.
