Tribunal condena a 7 y 3 años de prisión a dos acusados de cometer estafa por más de 283 millones

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El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por Tania Yunes y Julián Vargas Luna, acogió el dictamen presentado por los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alain José Gómez Luna a 7 años de prisión y a Aida Margarita Ramos Betances a 3 años, tras encontrarlos culpables de estafar a 48 personas por más de 283 millones de pesos. 

Gómez Luna había sido extraditado desde la Federación de Rusia en 2022.

El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por Tania Yunes y Julián Vargas Luna, acogió el dictamen presentado por los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por las fiscales Lewina Tavárez Gil, Margaret Cabrera Morillo y Elizabeth Tucent Hiraldo, presentó pruebas que demostraron la responsabilidad penal de ambos acusados.

Gómez Luna fue extraditado desde Rusia en enero de 2022, tras una solicitud de cooperación judicial internacional realizada por la fiscal Karina Concepción Medina, encargada de la investigación.

Los condenados fueron acusados de asociarse para estafar a 48 víctimas, a quienes prometieron altos intereses de rentabilidad. Además, fueron acusados de falsificación y uso de documentos falsos.

La investigación demostró que entre 2005 y 2020, Gómez Luna y Ramos Betances administraron 283,867,226.02 pesos en productos financieros como cuentas de ahorro, corrientes y certificados financieros, tanto a título personal como a través de las empresas Mercaban, C. por A., Metrocrédito, S.RL. y Metrocar, S.A.S. Posteriormente, transferían estos fondos a sus cuentas personales.

Estas operaciones se realizaban sin la autorización de la entidad estatal que regula el sistema financiero, y ofrecían a las víctimas rendimientos irreales.

Según el expediente acusatorio, utilizaban documentos del mercado de valores para captar los ahorros de las víctimas, haciéndoles creer que sus fondos eran gestionados por Metrocrédito, S.R.L., cuando en realidad los recibía Metrocar, S.A.S.

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