BARCELONA — Un juez español retiró la solicitud de arresto en Europa contra Carles Puigdemont, el expresidente independentista de Cataluña, una semana después de que un tribunal alemán estableció que solo puede ser extraditado para enfrentar cargos de malversación, y no los de rebelión que le achacan en España.
La decisión es un nuevo giro legal en la disputa que se volvió internacional en octubre pasado, cuando Puigdemont dejó España para evitar los cargos penales después de un intento fallido de declarar la independencia de Cataluña. Salió poco después de que el gobierno español lo sacó del poder al implementar una gestión directa sobre la región autonómica y ha intentado evitar la extradición desde entonces.
En marzo, cuando iba de Finlandia a Bélgica, Puigdemont fue arrestado por la policía alemana debido a una euroorden emitida por un juez español.
Este jueves el juez Pablo Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo a cargo del caso contra los independentistas catalanes, también retiró las órdenes de arresto emitidas contra otros cinco políticos catalanes que huyeron a Bélgica, Escocia y Suiza.
Una corte regional alemana estableció que Puigdemont no puede ser enviado de regreso a España más que para enfrentar el cargo de malversación de fondos públicos para la organización de un referéndum independentista organizado para el 1 de octubre del año pasado en desafío de una orden del gobierno y tribunales de España. La corte alemana no encontró evidencia suficiente de violencia como para que fuera posible la extradición por los cargos de rebelión.
Si fuera hallado culpable de estos, Puigdemont podría enfrentar una sentencia de hasta treinta años en prisión.
La decisión de retirar la orden de arresto contra Puigdemont posiblemente complique los procesos del Tribunal Supremo contra veinticinco políticos independentistas por las acciones del año pasado. Algunos de ellos están en prisión en Cataluña en espera de juicio.
Ante la decisión de la corte alemana, el juez Llarena enfrentaba una decisión difícil: si llevaba al expresidente Puigedmont a España con el cargo menor, quizá sería sentenciado por una acusación menos grave que la que enfrentan los demás políticos catalanes que no intentaron evitar los cargos en España al dejar el país.
Si era condenado por malversación, Puigdemont aún estaría en prisión, aunque las condenas de dos años o menos usualmente se suspenden en España para quienes cometen su primera infracción.
Puigdemont y otros independentistas celebraron el fin de los intentos de extraditarlo. Quien fuera president dijo que la decisión representa una “debilidad de la causa judicial” y pidió que los políticos catalanes encarcelados salgan de prisión.
Cuando Puigdemont salió de España en octubre, dijo que su meta era hacer internacional el conflicto, pero sus intentos de atraer apoyo de políticos europeos no prosperó. En cambio, los líderes de la Unión Europea respaldaron al gobierno español en su condena a los independentistas catalanes por amenazar la estabilidad constitucional y territorial de España.
Aunque la persecución de Madrid de los catalanes que salieron también despertó preocupación respecto a la cooperación judicial y el Estado de derecho dentro del bloque.
El político Pablo Casado, quien busca ser nombrado el nuevo presidente del Partido Popular, pidió hace poco que España se retire del acuerdo Schengen de la Unión Europea por los problemas de extraditar a Puigdemont desde España.
La suerte del expresidente catalán ha quedado en el aire en medio de varios cambios políticos. El gobierno socialista de Pedro Sánchez llegó al poder en junio y en Barcelona, ese mismo mes, asumió un nuevo gobierno regional con una coalición algo frágil de independentistas encabezada por Quim Torra.
Este se reunió recientemente con Sánchez para discutir la oferta del socialista de reentablar negociaciones políticas para resolver el conflicto catalán. Ambos describieron ese encuentro como positivo, pero ninguno ofreció alguna concesión destacada.
Pese a la declaración de independencia fallida, Torra está bajo presión para mantener una agenda independentista o convocar nuevas elecciones regionales a finales del año.
El manejo del caso ha causado algunas tensiones dentro del poder judicial; la asociación de magistrados Àgora Judicial condenó a Llarena en un comunicado por la manera en que está manejando el caso de extradición de Puigdemont.
“La imagen exterior de la justicia española no se puede permitir este tipo de actuaciones”, dijo la asociación, “en las que parece que consideraciones estratégicas” van “por delante de consideraciones de legalidad estricta”.
