Enfrentando todo tipo de presiones, acusaciones, amenazas de sanciones internacionales y hasta presagios de catástrofes, el Gobierno tomó la decisión y puso en marcha la contratación y construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina como una de sus obras emblemáticas de la presente gestión.
Iniciado en 2014 y proyectado para entrar en operación definitiva en 2019, la decisión de que estas plantas gemelas, con capacidad para producir 752 megas, operen a partir del uso de carbón mineral constituyó una acertada decisión dada la proyección de los vaivenes, al alza en los últimos tiempos de los precios del petróleo, que en julio pasado superó la barrera de los US$75 el barril en los mercados internacionales.
Más allá de que el carbón mineral es mucho más barato que el petróleo, su precio es más estable en los mercados internacionales y su producción y entrega más segura y garantizada que el gas natural, una opción de los últimos tiempos para producir energía.
En el presupuesto gubernamental de RD, por ejemplo, el precio del petróleo está proyectado a US$52 promedio el barril para lo largo de 2018, mientras las expectativas del precio promedio del año según el comportamiento de los mercados internacionales girarán entre US$58 y US$65 el barril, según las proyecciones de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
En ese contexto, RD presupuestó para compra de petróleo en 2018 de unos US$3,100 millones para cumplir con la demanda de consumo de la nación -incluyendo la producción de energía eléctrica- pero si el precio del petróleo termina en niveles promedio entre US$58 y US$65, como se proyecta, el país deberá invertir unos US$4,000 millones en la compra de hidrocarburos. Según las estimaciones de los economistas nacionales e internacionales, a partir de los US$50 el barril de petróleo, por cada aumento de US$10 en el precio promedio del año, la RD tiene que invertir unos US$768 millones adicionales para cubrir la demanda de consumo.
En el informe de la misión del FMI que estuvo en el país a principio de año, el organismo dijo que a pesar del buen desempeño económico del país, recuperado a partir del último trimestre de2017, persisten para la economía “riesgos a la baja”, principalmente de “factores externos” que asocia al aumento de los precios mundiales del petróleo, condiciones financieras mundiales más restrictivas de lo previsto y una demanda externa más débil de lo proyectado.
El impacto del petróleo
El precio del petróleo se ha convertido en el principal factor de expansión o contracción de la economía dominicana, cuyo principal indicador, el PIB, asimila las alzas como un freno y las bajas como un incentivo para crecer, según establece un análisis sobre el tema publicado por el diario El Caribe en mayo pasado.
Desde el 2007, indica el análisis, cuando en una jornada de julio el crudo alcanzó el valor histórico de $147 dólares el barril, el comportamiento de los precios ha impactado en la economía dominicana, desde el ámbito de los precios internos y de la producción general, lo que se refleja en que durante la última década se registra un crecimiento promedio anual de 5%, siendo los ciclos de mayor expansión cuando el precio del petróleo ha sido menor.
En 2014, por ejemplo, la economía creció 7.6% cuando el precio del crudo de Texas, referente para todo el mercado americano, cerró a $52.55 dólares el barril. Al año siguiente, 2015, con una baja de US$16.23 el barril, que cerró a US$37.04 el barril, el PIB dominicano reportó el tercer mayor crecimiento de la última década, con un 7%.
Otro ejemplo, indica el análisis citando las proyecciones del FMI, se produjo en el 2010 cuando se registró la mayor expansión económica dominicana, de 8.3%, cuando la cotización del petróleo estaba desmontando la franja de los US$100 por barril, luego del histórico más alto, en julio de 2007. En 2017, cuando la economía bajó a 4.6% -el segundo más alto de América Latina y el Caribe-, el petróleo recuperaba sus precios tras la baja sin precedentes del 2015, y cerró a US$60.16 el barril.
En mayo pasado, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, previó que las alzas de los precios del petróleo tendrían un impacto importante en la economía nacional, aunque menor que el sufrido durante alzas anteriores ya que mientras las cotizaciones se mantengan por debajo de los US$75 el barril la situación “será manejable a pesar de que en el presupuesto tenemos un estimado de precios debajo de ese nivel”. El ministro proyecta que el país tiene a favor que “ya con la próxima terminación de las plantas a carbón Punta Catalina, la dependencia de las importaciones de petróleo va a reducirse significativamente”.
EN EL 2019
Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ha informado que para el mes de diciembre se estarían ‘sincronizando’ todos los componentes del sistema energético Punta Catalina y que en enero-febrero de 2019 estaría siendo encendida la primera planta del sistema.
En mayo pasado se realizó el primer encendido, de forma satisfactoria, y para este mes de agosto se estaría encendiendo la caldera.
Dijo que la inauguración de Punta Catalina, tal como marcha el trabajo, está pautada para realizarse para agosto de 2019 y reiteró que no habrá problemas económicos para la terminación de la obra, porque lo que falta es mucho menos de lo ejecutado, menos de un dos por ciento del proyecto, y en términos financieros “eso no será obstáculo”.
ENTRE CRÍTICAS, PRESIONES Y ACUSACIONES
Y aunque la construcción y puesta en servicio de estas plantas significan gran parte del proceso definitivo de solución del emblemático problema de producción y suministro de electricidad que por muchísimos años ha sido una de las principales retrancas en los esfuerzos por desarrollo de la nación, las cortapisas, críticas y amenazas contra Punta Catalina se han mantenido a la orden del día, hasta hoy.
Las presiones políticas contra el Gobierno, dado la trascendencia de la obra para los éxitos de la gestión del presidente Danilo Medina y el PLD, se han mantenido desde el principio y motivó que en un momento trascendente del desarrollo del proyecto, el 9 de enero del 2017, el Poder Ejecutivo designara una comisión especial –encabezada por monseñor Agripino Núñez Collado e integrada por el pastor evangélico Jorge Alberto Reynoso, el presidente del CONEP, Pedro Brache; el empresario José Luis -Pepín- Corripio; el sindicalista Gabriel del Río; Celso Maranzini y César Sánchez, entre otros.
