Las zonas francas permiten a compañías extranjeras y locales establecer operaciones y beneficiarse de incentivos fiscales y de facilidades de importación, mientras generan una gran cantidad de empleos. De acuerdo al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), al cierre de 2018 República Dominicana contaba con 74 parques, integrados por 673 empresas que contaban con un total de 171,726 empleados.
El informe preliminar de la economía dominicana del Banco Central destaca que al cierre del primer semestre de 2019 existían 695 empresas acogidas al régimen de Zonas Francas, destacándose las dedicadas a la manufactura de productos textiles (15.3%), tabaco y sus derivados (12.7%), productos agroindustriales (7.9%), productos farmacéuticos e instrumentos y equipos médicos (4.7%), calzados y sus componentes (3.6%) y joyería (2.2%).
Indica que se aprobaron 25 permisos para el establecimiento de nuevas empresas de zonas francas, las cuales proyectan crear 4,443 empleos directos, con una inversión de RD$2,670.2 millones.
En su informe de 2017 titulado “Zonas Francas en República Dominicana: consideraciones de política para un sector más competitivo e incluyente”, el Banco Mundial destaca que el país es considerado como un ejemplo de implementación exitosa de zonas francas en el hemisferio occidental.
“Las zonas francas impulsaron el crecimiento económico durante las décadas de los ochenta y los noventa, y aunque experimentaron una fuerte disminución en el empleo debido en parte a la terminación del Acuerdo Multifibras (AMF) y a una mayor competencia internacional en la industria de textiles y de prendas de vestir en 2005, éstas exhiben señales de recuperación desde el 2009.”, explica.
La primera zona franca en República Dominicana se desarrolló a partir de 1969, en La Romana, impulsada por la empresa transnacional Gulf and Western Americas Corporation, que operaba en el país en el sector azucarero desde 1967.
Hasta ese momento en el país no existía el conocimiento ni la experiencia sobre este tipo de desarrollo industrial para la atracción de inversiones, así lo explica en su portal el CNZFE. Mientras que la segunda, nace en 1972, en San Pedro de Macorís, con el auspicio del sector público a través de la Corporación de Fomento Industrial (CFI), entidad descentralizada del Estado que aún se encargada de su administración y operación.
En 1973 surgió otra zona franca localizada en Santiago de los Caballeros y fue creada por el sector público pero, a diferencia de la de San Pedro de Macorís, su administración y operación fue delegada en una corporación sin fines de lucro, bajo la dirección de empresarios de la región norte. Desde 1973 hasta 1983 las empresas establecidas en estos tres parques pasaron de 15 a 101.
De acuerdo al CNZFE, de 1986 a 1988 el país registró el proceso de instalación de zonas francas más importante en el área del Caribe y Centroamérica, superando a todas las naciones del área.
En 1985 entra en vigencia la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), programa implementado por el gobierno de Estados Unidos, a través del cual se le otorgan tratamientos arancelarios preferenciales a los productos procedentes de los países de la región del Caribe y Centroamérica.
De 1999 a 2018 la cantidad de parques pasó de 44 a 74 , lo que indica un crecimiento de un 68%, mientras que la cantidad de empresas aumentó en un 39%, al pasar de 484 en 1999 a 673 en 2018, con un aumento absoluto de 189.
Leyes sobre zonas francas
La primera ley referente a zonas francas en República Dominicana fue la 4315, del 22 de octubre del año 1955, la cual estableció una Comisión de Zonas Francas y se refería al comercio de importaciones y exportaciones de ciertos artículos, desde y hacia el exterior, explica el CNZFE.
Un año más tarde, en 1956 fue promulgada la Ley 432, mediante la cual se agregaban varios artículos a la primera ley.
Con la Ley 299 sobre Incentivo y Protección Industrial, de 1969, se establecen de manera definitiva las zonas francas en el país. Con esta ley se permitió la instalación de las empresas bajo ciertos requisitos y preferencias de tipo fiscal y arancelario.
Se estableció un 100% de exención de impuestos de importación de materias primas, sobre la renta, sobre patentes y sobre importación de vehículos de cargas y los destinados a transportar al personal de las empresas.
En enero de 1990 el Congreso Nacional aprobó la Ley 8-90, sobre Fomento de Zonas Francas, cuyo objetivo principal fue unificar en un solo marco legal todo lo concerniente al manejo, organización, incentivos, derechos y obligaciones de las zonas francas industriales y de servicios; persiguiéndose con ello, fomentar el establecimiento de nuevas zonas francas y el crecimiento de las existentes.
Otra de las leyes que tiene que ver con el desarrollo de las zonas francas en el país, es la 56-07, sobre Industria Textil, la cual declara de prioridad nacional los sectores pertenecientes a la cadena textil, confecciones y accesorios; pieles, fabricación de calzados y manufactura de cuero.
Esta ley otorga beneficios a esos sectores contribuyendo al fortalecimiento de su competitividad en los mercados internacionales.
Con la creación de este régimen, se procura apoyar la convergencia de las empresas de mercado local y de zonas francas industriales de exportación que integran estos sectores.
El Informe Estadístico de Zonas Francas 2018, indica que al finalizar el año, 115 empresas se encontraban acogidas a esta ley, las cuales generan en conjunto 5,422 empleos directos.
El 53.0% de estas empresas se encuentran localizadas en el Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo; el 39.1% en la Región Norte; el 6.1% en la Región Este y el 1.7% en la Región Sur del país.
Una ley que acompaña a la anterior es la 174-07, que regula la emisión de un aval financiero como garantía a los préstamos otorgados por los bancos comerciales a las empresas de zonas francas.
Mediante esta legislación se autoriza al Ministerio de Hacienda a suscribir un Aval Financiero con la única finalidad de garantizar los préstamos que otorgarán los bancos comerciales a las empresas de zonas francas de los sectores textiles, confección, pieles y calzados.
El DR-Cafta y las zonas francas
En año 2003 República Dominicana se adhirió al proceso de negociación para el establecimiento del tratado de libre comercio entre los cinco países de Centroamérica y los Estados Unidos, proceso que culminó el 5 de agosto de 2004 con la suscripción del DR-Cafta y fue puesto en vigencia el 1 de marzo de 2006 para varios países de la región y un año más tarde para República Dominicana.
Previo al DR-CAFTA, el 92% de las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos entraban libre de aranceles, en tanto que la tasa arancelaria efectiva era de apenas un 1.1%, concentrándose los gravámenes en una serie de confecciones textiles, explica el informe “Evaluación del desempeño comercial y retos futuros en el DR-Cafta a los 10 años de su firma”, publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en 2016.
Las zonas francas permiten a compañías extranjeras y locales establecer operaciones y beneficiarse de incentivos fiscales.
La directora ejecutiva del CNZFE, Luisa Fernández, explica que “el tratado de libre comercio con Estados Unidos y la ubicación geográfica de República Dominicana son factores que han convertido al mercado dominicano en un atractivo para las multinacionales que deciden instalarse en los parques de zonas francas”.
Mientras, el vicepresidente de Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), José Manuel Torres, señala que el principal beneficio del DR-Cafta con relación a las zonas francas es que le dio una certidumbre al clima de negocios del país.
“El tratado consolidó el acceso preferencial que se tenía con Estados Unidos. Ante de este tratado para exportar a Estados Unidos era en base a concesiones unilaterales, que caducaban cada año”.
Torres señala que a raíz del DR-Cafta llegan grandes inversiones al país, como es el caso de los molinos de tela, lo que permitió verticalizar la manufactura de ropa. “Estas inversiones también posibilitaron la coproducción con Haití, el producto de mayor importación de este país es la tela, que se genera en nuestras zonas francas”.
El informe del MEPyD detalla que la tasa arancelaria promedio aplicada por República Dominicana a materias primas y productos provenientes de Estados Unidos era de 8.5%, al sumársele el 13% de comisión cambiaria, superaba el 21%. Para los productos terminados alcanzaba el 43%.
Informe del Banco Mundial
De acuerdo al informe “Zonas Francas en República Dominicana: consideraciones de política para un sector más competitivo e incluyente”, del Banco Mundial, existen muy pocos países a nivel mundial que hayan utilizado las zonas francas de forma tan efectiva como motor para atraer inversión extranjera directa (IED), crear empleos y fomentar el crecimiento económico, como República Dominicana.
“El éxito que han tenido las zonas francas para atraer IED se ha relacionado con el tipo de preferencias comerciales que República Dominicana recibe de los Estados Unidos”, explica.
Señala que debido al reducido tamaño del mercado doméstico, la mayoría de la IED procuró beneficiarse de los incentivos fiscales previstos en las zonas francas, y de los bajos costos laborales para ensamblar productos intensivos en mano de obra, para atender el mercado estadounidense.
