Las visitas que solía hacer la infanta Cristina de España a la isla mediterránea de Mallorca significaban estadías lujosas en el Palacio Marivent, en la costa, pero la hermana del rey Felipe VI no se acercará siquiera a la residencia veraniega de la monarquía en un viaje esta semana.
En cambio, la princesa de 50 años y su esposo enfrentarán protestas anti monarquía y hordas de reporteros y camarógrafos cuando ingresen a un tribunal improvisado, donde ella hará historia al convertirse, delante de millones de televidentes, en el primer miembro de la realeza española en enfrentar cargos penales desde la reinstauración de la monarquía en 1975.
Al final de un juicio por fraude fiscal que se espera dure seis meses, la infanta pudiera enfrentar hasta ocho años de prisión si un panel de tres jueces concluye que la pareja usó una firma consultora de bienes raíces descrita en documentos judiciales como “una fachada” para financiar un estilo de vida exuberante, incluso fiestas en su mansión en Barcelona, clases para bailar salsa y vacaciones en hoteles caros.
Cristina y su esposo, el medallista olímpico de balonmano vuelto empresario Iñaki Urdangarin, estarán en el banquillo de acusados junto con otras 16 personas en el caso, que se centra en acusaciones de que Urdangarin usó su título de Duque de Palma para malversar unos 6 millones de euros (6,5 millones de dólares) en contratos públicos a través del Instituto Noos. Esa es la entidad sin fines de lucro que él estableció con un socio de negocios para organizar seminarios y actos deportivos como atracción turística.
Las presuntas maquinaciones involucraron algunos eventos que nunca se realizaron o fueron cobrados a tasas inusualmente elevadas durante el auge económico de España, antes del estallido de la crisis financiera en 2008. Parte del dinero fue a parar a la compañía de bienes raíces Aizoon que pagó por gastos personales para la pareja: algo que debía haber sido declarado a las autoridades fiscales, pero no lo fue.
Los 18 están acusados de ser “avariciosos en un tiempo en el que eso no era tan mal visto”, dijo Ana Romero, reportera de la realeza para la publicación digital El Español. “Había mucho dinero y este es un país en el que las conexiones son algo muy importante”.
Hay tantos acusados y abogados, además de reporteros cubriendo el caso, que las autoridades judiciales se vieron forzadas a trasladar el juicio de un tribunal a un complejo en las afueras de Palma de Mallorca usado normalmente para celebrar cursos masivos de entrenamiento para empleados públicos. El caso está siendo ventilado en la capital de las islas Baleares porque muchos de los acuerdos de Urdangarin fueron para las islas.
No se espera que la infanta y su esposo digan una sola palabra durante los primeros días del juicio, cuando los jueces leerán en voz alta los 89 delitos de que se acusa a los sospechosos y los abogados, incluso los de Cristina, expresan argumentos a nombre de sus defendidos.
Durante una audiencia a puertas cerradas en 2014, la princesa negó conocimiento de las actividades de su esposo y el fiscal recomendó que fuera multada, pero un juez decidió que Cristina podía ser acusada de fraude fiscal en 2007 y 2008 porque la ley española permite que grupos presenten cargos cuando fiscales estatales no lo hacen. SU caso fue impulsado por el grupo anti corrupción Manos Limpias.
“Ellos dicen que ella lo sabía”, dice Ignacio Sánchez, un abogado con residencia en Madrid para Hogan Lovells International LLP, una firma que se especializa en delitos de cuello blanco y fraude. “Dicen que ella cooperó, que sabía lo que estaba haciendo su esposo y le permitió hacerlo”.
