- La crisis de COVID-19 ofrece a los gobiernos la oportunidad de construir economías más justas, sostenibles y resistentes.
- Los gobiernos están aprovechando los rescates para fomentar prácticas empresariales más responsables, salvar empleos, abordar la desigualdad y el cambio climático y crear una capacidad de recuperación a largo plazo.
- La próxima oleada de medidas de rescate debería ir más allá en la aplicación de reformas audaces y con visión de futuro.
El año pasado, el Reporte Global de Competitividad anual del Foro Económico Mundial evaluó cómo estaban preparados para el futuro 141 gobiernos y concluyó que la mayoría tenía un mal desempeño en éste y otros indicadores cruciales de largo plazo. Sin embargo, ahora que el confinamiento inducido por la pandemia está causando estragos en la economía global y pone de manifiesto las deficiencias de muchas instituciones, hemos llegado a una era de gobierno más grande –y quizá más audaz.
Se calcula que ya se han inyectado 9 billones de dólares en la economía global para asistir a los hogares, frenar las pérdidas de empleos y mantener a las empresas a flote. Ahora que algunos países están empezando a salir de los confinamientos, sus líderes tienen una oportunidad única de reformular la economía para ofrecer resultados mejores, más verdes y más equitativos para todos.
La crisis ofrece una oportunidad para lo que el Foro Económico Mundial dio en llamar el “Gran Reinicio”, no a partir de algún punto distante en el futuro sino ahora mismo. Basados en las lecciones aprendidas durante la crisis financiera de 2008 y sus secuelas, muchos gobiernos están aplicando una serie de condiciones sensatas a los rescates y otras medidas de ayuda. La asistencia a corto plazo que se ofrece hoy puede y debe ser aprovechada para fomentar prácticas comerciales más responsables, salvar empleos, abordar la desigualdad y el cambio climático y construir una resiliencia a largo plazo contra las crisis futuras.
Por ejemplo, debido a los temores por la creciente desigualdad y las presiones sobre los presupuestos públicos, Francia, Dinamarca y Polonia han negado el respaldo del gobierno a empresas con casas matrices en paraísos fiscales fuera de Europa. Y el Reino Unido ha prohibido los pagos de dividendos y ha restringido los bonos en empresas que acceden a su esquema de préstamos.
Los gobiernos también intentan salvaguardar los empleos ofreciendo incentivos para que las empresas mantengan los niveles de empleo. Las empresas norteamericanas que acceden a los fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus deben mantener por lo menos el 90% de sus niveles de empleo previos a la pandemia hasta el 30 de septiembre. Japón ha aplicado condiciones similares al extender su asistencia para la retención de empleados tanto a empresas pequeñas y medianas como a grandes corporaciones. Y Rusia ha introducido subsidios salariales para las empresas que retienen por lo menos el 90% de su fuerza laboral. Mientras tanto, Italia está implementando una prohibición total temporaria de despedir empleados, no limitada a empresas que acceden a fondos del gobierno. Si bien todavía está por verse si estas restricciones temporarias serán efectivas a la hora de mantener el empleo una vez que se las levante, ofrecen un colchón –y una “oportunidad de dar pelea”- a los trabajadores en medio de esta crisis sin precedentes y de cara a una recuperación futura.
Inclusive en sectores profundamente afectados, se están diseñando medidas de rescate que hagan hincapié en la responsabilidad social y ambiental, y fomenten el pensamiento de largo plazo. Por ejemplo, ahora que la industria aeronáutica enfrenta un shock de demanda como resultado de las restricciones de los viajes globales, sus prácticas comerciales previas a la crisis han pasado a estar bajo escrutinio.
En los últimos diez años, las aerolíneas más grandes de Estados Unidos gastaban el 96% de su flujo de caja disponible en recompras de acciones, casi el doble que otras empresas del S&P 500. Ahora, las aerolíneas faltas de liquidez que quieren acceder a los fondos del gobierno no sólo deben dejar de recomprar acciones y pagar dividendos hasta fines de 2021; también deben aceptar no utilizar cesantías involuntarias o reducir las tasas de pago hasta el 30 de septiembre. De la misma manera, el gobierno francés ha adjuntado “cuerdas verdes” a su rescate de 7.000 millones de euros (7.900 millones de dólares) de Air France-KLM, exigiendo que la aerolínea se comprometa a reducir a la mitad sus emisiones de dióxido de carbono (por pasajero y por kilómetro), en relación a su nivel de 2005, para 2030.
Estas instancias de incorporar un pensamiento de largo plazo en las medidas de corto plazo son claramente pasos en la dirección correcta. Pero, dada la magnitud del respaldo fiscal que se está ofreciendo y las crecientes preocupaciones por la desigualdad, el cambio climático, el desempleo y la deuda pública, la próxima ola de medidas de recuperación debería llegar más lejos.
En este sentido, debería tomarse al fondo de crisis Próxima Generación UE de la Comisión Europea como un modelo para que otros puedan imitar. Con 750.000 millones de euros (845.000 millones de dólares) en subsidios y préstamos, promete introducir una recuperación justa e inclusiva al acelerar la transición a una economía digital verde. Sus condiciones básicas ayudarían a los países europeos a alejarse de las industrias pesadas en decadencia respaldando al mismo tiempo a los trabajadores vulnerables. Pero todavía está por verse si todos los estados miembro de la UE se sumarán.
La pandemia ha empujado a los gobiernos a asumir un papel más proactivo de lo que cualquiera habría imaginado hace apenas unos meses. En tanto vayamos dejando atrás la crisis sanitaria inmediata, los responsables de las políticas deberán aprovechar la oportunidad para implementar reformas audaces y ambiciosas. Eso incluye rediseñar los contratos sociales, ofrecer redes de seguridad apropiadas, cultivar las capacidades y los empleos que necesitará la economía futura y mejorar la distribución del riesgo y del retorno entre la población, el estado y el sector privado.
Pero mientras que los gobiernos deben asumir un papel de liderazgo, dar forma a la recuperación y trazar un nuevo sendero hacia el crecimiento exigirá una mayor colaboración entre las empresas, las instituciones públicas y de gobierno y los trabajadores. Para que el Gran Reinicio tenga éxito, todas las partes interesadas deben participar.
A esta altura, debería ser obvio que no podemos regresar a un sistema que beneficiaba a unos pocos a expensas de muchos. Obligados a manejar presiones de corto plazo y, al mismo tiempo, confrontar incertidumbres de largo plazo, los líderes se encuentran en una encrucijada histórica. La nueva influencia de los gobiernos les brinda los medios para empezar a construir economías más justas, más sustentables y más resilientes.
