La Dirección General de Contrataciones Públicas determinó que hubo irregularidades “graves” en la licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo y remitió el caso al Ministerio Público.
Ayer, durante una rueda de prensa, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció la decisión de remitir el caso al Ministerio Público luego de haber previamente suspendido de manera temporal el contrato y analizado dos denuncias contra la licitación.
La entidad dijo que tras analizado los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento, que consta en el portal transaccional y verificar los documentos recopilados, así como las denuncias presentadas al órgano rector, constató la existencia de elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.
“Sobre el particular, hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación”, informó Pimentel.
Sumado a esto, anunció que junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, están agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam SRL, empresa que obtuvo el contrato, y así determinar las consecuencias jurídicas.
Contrataciones Pública también declaró la nulidad de pleno derecho de los informes, la evaluación técnica, evaluación de ofertas y otros aspectos, que implica a su vez la “nulidad del referido contrato”, por lo que el Intrant debería realizar nuevamente la licitación desde el inicio.
