a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles los «abusos en el uso de la fuerza» durante el estado de excepción en El Salvador y pidió al gobierno del presidente Nayib Bukele que lo derogue porque «no puede convertirse en parte de su política de seguridad» permanente.
Al menos «73.000 personas fueron detenidas desde el 27 de marzo de 2022 al inicio de noviembre de 2023, de las cuales a la gran mayoría se le impuso prisión preventiva», afirma la CIDH al publicar un informe sobre el país latinoamericano.
«La Comisión conoció denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen: detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; el allanamiento ilegal de moradas; abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes», añade.
Este organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cita algunos atropellos como «la demora en el control judicial de las detenciones», los «abusos en la imposición de la prisión preventiva», las «audiencias judiciales masivas» y las limitaciones al derecho de defensa, entre otros.
Además afirma disponer de información «que apunta a la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad».
En el poder desde 2019, Bukele libra una «guerra» contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente desde 2022 y que suma decenas de miles de presuntos pandilleros detenidos.
El régimen de excepción fue decretado por el Congreso a petición de Bukele como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
La CIDH afirma que los datos publicados por el Estado sobre una «mejora en la seguridad ciudadana en el país (…) demostrarían que la situación de emergencia fue superada y que, por lo tanto, no existe una situación que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías».
Por eso el informe llama a El Salvador a «restablecer los derechos» y «adoptar medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad» desde «una perspectiva integral».
«Este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente», concluye la CIDH.
