El Gobierno pone tope al gasto corriente para presupuesto 2017

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La nómina pública fue congelada, excepto en sectores de salud, educación y de la seguridad.

La Dirección General de Presupuesto (Digepres) envió una circular a todos los ministerios, organismos autónomos y descentralizados no financieros y a las entidades de la seguridad social, en la que informa sobre topes de gastos que deben aplicarse para la formulación de los anteproyectos de presupuestos de cada entidad.

En la circular, con fecha del 19 de agosto, la Digepres dispone que la formulación de los anteproyectos de presupuesto del 2017, debe hacerse “asumiendo como tope presupuestario el monto original aprobado a cada institución para gastos corrientes, mediante la Ley de Presupuesto General del Estado del presente año 2016”.

Además, incluye en esa ordenanza “a los gastos de capital no asociados a proyectos de inversión”.

Asimismo, instruye a las entidades del Gobierno Central que reciben ingresos de captación directa, a que incorporen esos ingresos conjuntamente con sus gastos, también asumiendo como tope los respectivos recursos que les fueron asignados en el Presupuesto de 2016.

En cuanto a los proyectos de inversión que se contemple incluir, establece que primero deben ser consensuados con la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

En la circular, firmada por Luis Reyes Santos, director general de Presupuesto, se advierte que esos lineamientos “deberán ser estrictamente observados” durante todo el proceso de formulación.

Una de las principales partidas del gasto corriente y tal vez la de más sensibilidad política, es el de las remuneraciones del personal. En el Presupuesto del 2016, para cubrir ese gasto se consignaron RD$139,851.4 millones, lo que representa el 28.9% del gasto corriente total presupuestado para el presente año. En ese año, el Presupuesto General fue de RD$663,558.0 millones.

En la circular se dispone que el monto de las remuneraciones “no podrá exceder el nivel de la nómina pagada en el mes de julio de 2016, “con excepción del personal correspondiente a los sectores de Educación, Salud, Defensa y Policía Nacional.

Cabe recordar que bajo un ambiente socialmente conflictivo, el Gobierno ha estado negociando con los gremios del sector salud un aumento salarial, además una extensión de la jornada laboral en el caso de los médicos.

Además, como parte de la implementación de la nueva Ley de Policía, y del Plan de Seguridad Nacional, el Gobierno ha anunciado incrementos en los salarios del personal de los organismos de seguridad.

Asimismo, con el desarrollo del programa de tanda extendida, el Gobierno ha aumentado los salarios de los maestros.

En la circular de la DIGEPRES, cuyos mandatos “se deberán cumplir rigurosamente”, se establece que las instituciones públicas, al momento de formular sus anteproyectos de presupuestos, deberán reservar el 20% de los recursos destinados a compras y contrataciones “exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas empresas”, lo que dice se corresponde con lo que dispone la Ley 488-08 sobre el Desarrollo y Competitividad de las Mipymes.

Ordena que los proyectos de inversión, además de que deben cumplir con los requisitos establecidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, deben estar incorporados en el Plan Plurianual de Inversión Pública actualizado, y contar con el financiamiento que asegure su ejecución.

El ciclo del presupuesto en octubre

La Constitución establece que el Presidente de la República debe “someter al Congreso Nacional, a más tardar el primero de octubre de cada año, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año siguiente”. Para cumplir con ese mandato constitucional, el anteproyecto del presupuesto público deberá terminarse de preparar antes de concluya el mes de septiembre. Sin embargo, la circular de la Digepres está fechada el 19 de agosto, lo que parece reflejar un atraso en la ejecución de los ciclos presupuestarios. El proyecto debe contemplar los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido, en un marco de sostenibilidad fiscal.

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