Debían votar una ley contra la corrupción. Pero el Congreso brasileño, por un acuerdo de los líderes de los partidos políticos, lo transformó en un proyecto de auto amnistía por ilegalidades en las financiaciones de campañas cometidas con anterioridad a la sanción de la norma.
En Diputados se aprestan a levantar la mano ya, dado que cuenta con holgada mayoría. Y luego pasará de inmediato al Senado, donde también se prevé celeridad. Los legisladores tienen apuro por un motivo concreto: el grupo empresarial Odebrecht, que tiene a su CEO y a varios de sus directores en prisión, se apresta a realizar la ya célebre “delación premiada”, en la causa del Lava Jato.
Se sabe que las denuncias de esos ejecutivos deben involucrar más de un centenar de parlamentarios. Y entre ellos, sus principales líderes.
Según la versión de la ley que pretenden sacar, entre gallos y medianoche, recién después de su sanción se convertirá en un delito no declarar a la justicia fondos recibidos de empresas privadas para supuestamente financiar campañas. Así, se borra todo lo que ocurrió en el pasado. Y las voluminosas “contribuciones” de dinero a los partidos y candidatos, efectivizadas por los grandes holdings a cambio de ventajas, quedan en el olvido. Como quien dice, hecha la ley, hecha la trampa.
No deja de ser un dato sustantivo que ese llamado “paquete anti corrupción” cuente con la mayoría de los congresistas, entre ellos parte de aquellos que revistan en el Partido de los Trabajadores.
Lo cierto es que el presidente de Diputados Rodrigo Maia (del ultra conservador DEM) ya abrió la sesión para aprobar la norma con trámite de urgencia.
