Campamentos para adolescentes que ofrecen “curar” la homosexualidad. Grupos de apoyo para “corregir” la orientación sexual. Psicólogos que aseguran que pueden “revertir” la atracción entre personas del mismo sexo. Asociaciones que ofrecen ayuda para “salir de la homosexualidad”. Son las conocidas como “terapias anti-gay”, pseudo tratamientos que, pese a las llamadas de alerta de la mayoría de las asociaciones médicas y científicas, difunden sin barreras en un gran número de países distintas organizaciones homófobas —muchas de ellas con profundas raíces religiosas— y supuestos consejeros y psicólogos. Solo tres países —Brasil, Ecuador y Malta— tienen leyes que prohiben expresamente este tipo de prácticas, que la casi totalidad de asociaciones psiquiátricas considera no sólo ineficaces sino también muy dañinas.
Hace ya diez años de la experiencia de Mendos. Sin embargo, como alerta el último informe de ILGA Homofobia de estado—del que el abogado argentino es co-autor—, que hace una radiografía de los derechos de las personas LGTBI en el mundo, estas prácticas no han desaparecido. Y no sólo eso. Quienes las llevan a cabo, han variado sus fórmulas para sortear las leyes que, como en algunos Estados de EEUU (entre ellos, California) o países como Argentina, tratan de ponerles coto cuando se ofrecen por parte de profesionales sanitarios para ‘tratar’ o ‘reparar’ la homosexualidad; algo que hace décadas que dejó de considerarse una patología. Ahora emplean más a consejeros, se hacen en el ámbito privado o se han transformado en grupos de apoyo religiosos.
Asociaciones que en su mayoría se basan en las enseñanzas de la Asociación Nacional de Investigación y Terapia de la Homosexualidad (NARTH), una entidad estadounidense fundada y liderada por Joseph Nicolosi, recientemente fallecido, que trabaja para “prevenir” la homosexualidad en niños y ofrece consejo y asesoramiento a padres para detectar lo que llaman “signos tempranos de pre-homosexualidad o disconformidad de género”. Técnicas e indicaciones que siguen o hacia las que apuntan organizaciones como Es Posible la Esperanza (EPE), que ofrece una “red de apoyo” en español para revertir la homosexualidad, que considera la «manifestación, el síntoma, a exteriorización» de «heridas, vacíos y traumas”.
También se trabajan medidas similares en los campamentos que organiza en Estados Unidos, Polonia, Francia, Israel o Alemania Brothers Road. Esta asociación con base en EEUU ofrece, or unos 600 euros, consejeros y ejercicios prácticos. Entre ellos, por ejemplo, mirar a otro hombre a los ojos para “enfrentar” las emociones que puedan surgir. “Todos los ejercicios son concebidos para identificar y tratar los problemas subyacentes que puedan alejarte de tu auténtica masculinidad heterosexual”, inciden en su página web.
Y reclamos similares podían encontrarse hasta hace poco en Malta, donde un rosario de psicólogos ofrecían abiertamente en sus consultas tratamientos para ayudar a “reorientar” la sexualidad de un individuo. Desde el pasado diciembre está prohibido. El pequeño país, de menos de medio millón de habitantes, se ha convertido en el primer país de Europa en criminalizar cualquier tipo de tratamiento o terapia de conversión la aplique quien la aplique: médicos, psicólogos, consejeros, religiosos. Quien intente reprimir o eliminar la orientación sexual de un individuo puede enfrentarse a una multa de hasta 5.000 euros y a un pena de cinco meses de prisión. Una iniciativa a la que acompañan otra serie de medidas en la misma línea —entre ellas una muy avanzada ley de reconocimiento de la identidad de género— que contrastan con la restricción de los derechos reproductivos; entre ellos el aborto, completamente prohibido en el país.
Homofobia
Las pseudo terapias contra la homosexualidad de las que habla ILGA, y que otros países —como España— pueden llegar a perseguir a través de leyes contra la LGTBI-fobia o los delitos de odio, son sólo un ejemplo de que la persecución que enfrenta este colectivo aún es una realidad brutal. Sin embargo, no es la única. En pleno 2017, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales aún en al menos 72 países —la mayoría, de hombres; en 45 de ellos, también en mujeres—. Y en 12 de ellos (o partes de su territorio) pueden llegar a pagarse con la muerte, como apunta el informe de ILGA, que se publica este lunes. Cuatro países —Arabia Saudí, Irán, Yemen y Sudán—, parte de Somalia y 12 Estados de Nigeria recogen en sus leyes la pena capital para estas relaciones. Actores no estatales (fundamentalmente el Estado Islámico) la aplican en Irak y Siria. Además, Qatar, Mauritania, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos mantienen la posibilidad aplicarla; aunque no existe evidencia de ejecuciones en los últimos años por relaciones consensuales en privado.
El informe de ILGA, que está elaborado con datos de 2016 y que no habla de los casos detectados en Chechenia, donde detenciones y torturas de hombres identificados como gais han salido a la luz este año, da cuenta de arrestos, procesamientos y condenas a personas por mantener relaciones con personas del mismo sexo en más de 40 países. Delitos que, según el país, pueden denominarse “actos contra natura”, “sodomía”, “promoción de valores no tradicionales”, “moralidad” o “indecencia grave”. En lugares como Uganda, Zambia, Tanzania, India, Barbados o Guyana se prevén penas de entre 14 años de cárcel y cadena perpetua para quienes tengan relaciones homosexuales. Las leyes de otros, como Libia, Argelia, Marruecos o Samoa incluyen penas de entre tres y siete años de prisión.
“Y a menudo las detenciones son realizadas por la policía con el objetivo de sobornar u obtener favores sexuales de personas en situación de vulnerabilidad. No siempre son seguidas de procesos judiciales”, apunta Menos en el informe, que insiste en que estos arrestos buscan además un efecto disuasorio. Como en Malawi, donde en 2016 la policía detuvo a dos hombres en su casa por tener sexo entre ellos, les obligaron a hacerse análisis sangre para la detección de enfermedades de transmisión sexual y les acusaron de “relaciones carnales ilegales en contra del orden natural”. Mientras, dos países, Belice y Seychelles, han derogado las leyes que criminalizaban la homosexualidad.
El documento arroja triste radiografía de las legislaciones del mundo, que muestra que en el siglo XXI el 37% de los Estados miembros de la ONU mantienen normas punitivas. Una violación de los derechos humanos que se resiste a desaparecer y que empaña la victoria de grandes batallas, como el avance en el reconocimiento del matrimonio igualitario —legal ya en 23 países—; o la aprobación de leyes para resarcir a aquellos gais condenados por serlo, como las aprobadas en Alemania o Reino Unido.
ILGA alerta también de la proliferación de las leyes de moralidad o propaganda, que están en vigor en 19 países. Normas que prohíben desde hablar de la homosexualidad (como en Rusia) hasta el registro de clubes, organizaciones o manifestaciones gais (como el caso de Nigeria).
