Las empresas del sector de las telecomunicaciones Claro, Tricom, Orange, Viva y Wind Telecom expresaron su desacuerdo con el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, sometido recientemente en la Cámara de Diputados, porque la imposición de una tasa al tráfico internacional como fuente de financiamiento sería violatorio de acuerdos internacionales y las obligaría a hacer nuevas inversiones.
En un comunicado conjunto, las cinco empresas telefónicas explican que las inversiones necesarias implican gastos “por parte de un sector que en la actualidad está sobrecargado con altos impuestos y obligaciones tributarias”.
Agregan que las empresas no fueron incluidas en el proceso de discusión de los aspectos relacionados directamente con los servicios de telecomunicaciones, según expresa una comunicación entregada ayer a la Presidencia de la Cámara de Diputados, y presentada en una audiencia que solicitaron para esos fines a la Comisión de Interior y Policía de la misma instancia.
Manifiestan que las telefónicas han apoyado los esfuerzos del Estado dominicano para el desarrollo del Sistema Nacional de Emergencias (SINAES), “en el que han invertido desde el año 2012, la suma aproximada a RD$260 millones en instalaciones, sistemas y programas requeridos para la implementación de la plataforma del 911”.
Además, sostienen que desde antes de la implementación del sistema integral que opera bajo el SINAES, algunas prestadoras llevaban años brindando acceso de manera gratuita a las llamadas entregadas al 911, a pesar del importante costo que las mismas generan diariamente.
Dice el comunicado que además de apoyar en forma voluntaria y legal el sistema 911, las telefónicas destacan la contribución que realizan a la economía dominicana, así como su cuantioso aporte al fisco y su accionar como ciudadanos corporativos responsables.
Explican que el sector de las telecomunicaciones encabeza la lista del Ranking de Empresas 2016 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como las de mayor aporte en el sistema tributario.
Expresan que ya los servicios de telecomunicaciones en el país están sobre gravados, ocupando el cuarto lugar en el pago de impuestos al consumo, así como el segundo lugar en pago de impuestos a los ingresos de sociedades.
Indican que adicional a esto y como freno al desarrollo de las telecomunicaciones, los servicios están gravados con un impuesto selectivo al consumo, que suele imponerse a los bienes de lujo, de diversión o con externalidades negativas.
Dicen que igualmente están gravadas con la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) para lograr el acceso universal de los servicios a toda la población.
“Esta carga impositiva coloca al país en el sexto lugar entre aquellos con mayor índice de impuestos en el sector de las telecomunicaciones, según un Reporte de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones”, informan.
Las prestadoras indican que el proyecto de ley contiene otros aspectos que ameritan detenida atención, ya que pueden implicar acciones anticonstitucionales y en contra de la privacidad de los datos de los usuarios.
