El presidente brasileño, Michel Temer, atribuyó este sábado las acusaciones que le hizo el empresario Joesley Batista, que llamó al mandatario de «jefe de la mayor y más peligrosa organización criminal» de Brasil, a una represalia por medidas de su Gobierno que frustraron un negocio del acusador.
Temer, en un comunicado divulgado por la Presidencia, afirmó que la decisión de su Gobierno de impedir que Batista trasladara a Irlanda el domicilio fiscal del gigante cárnico JBS le causó millonarias pérdidas y le impidió evadir la Justicia brasileña.
«Era un excelente negocio para él, pero pésimo para el contribuyente brasileño. Por causa de esa decisión, la familia Baptista tuvo sustanciales pérdidas en la bolsa de valores y seguía al alcance de las autoridades brasileñas. Tenían millones de razones para odiar al presidente y a su Gobierno«, afirmó el gobernante en un extenso comunicado.
Según el mandatario, las acusaciones supuestamente infundadas contra el presidente le permitieron a Batista negociar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía que le garantizó el perdón de todos sus crímenes, que sumarían «2.000 años de prisión», y salvar su fortuna.
«El señor Joesley Batista es el bandido notable de mayor éxito en la historia brasileña. Consiguió enriquecerse con prácticas por las cuales no responderá y mantiene hoy su patrimonio en el exterior con el aval de la Justicia… Obtuvo el perdón por sus delitos y ganó un plazo de 300 meses para devolver el dinero de corrupción que lo hizo billonario, y con intereses subsidiarios», afirmó Temer.
«Le imputa a otros sus propios crímenes y preserva a sus reales socios», agregó el gobernante al insinuar que Batista se enriqueció gracias a los negocios que le facilitó el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra el que ha hecho acusaciones menores.
Según Temer, el grupo JBS obtuvo su primer crédito subsidiado del Gobierno de Lula en 2005 y esa «relación construida con gobiernos pasados» permitió que las ventas del grupo saltaran de 4.000 millones de reales (1.250 millones de dólares) en 2007 a 183.000 millones de reales (57.187 millones de dólares) en 2016.
«Los reales socios de su trayectoria de pillajes, los verdaderos contactos de su submundo, las conversaciones realmente comprometedoras con los sicarios que lo acompañaban, los grandes tentáculos de la organización criminal que ayudó a forjar quedan en segundo plano, estratégicamente protegidos», agregó el presidente.
Temer dijo que adoptará todas las medidas judiciales posibles para defenderse de las acusaciones de Batista. «El lunes serán presentadas demandas civil y penal contra él. Sus mentiras serán comprobadas y será buscada la debida reparación financiera por los daños que causó. El Gobierno no será impedido de investigar y responsabilizar al señor Joesley Batista por todos los crímenes que practicó», concluye el comunicado.
El mandatario divulgó su nota poco después de que el semanario Época publicara una entrevista en la que Batista, el empresario cuyas denuncias de corrupción lo tienen contra las cuerdas, lo acusara de liderar «la mayor mafia de corrupción» en Brasil.
El empresario acusó en la entrevista a Temer de ser el jefe de una peligrosa organización criminal integrada por políticos y que le exigía permanentemente el pago de sobornos y de donaciones ilegales para campañas electorales a cambio de favores para sus empresas o para no dificultar sus negocios.
Batista relató que se aproximó a Temer en 2009 y que desde entonces recibió peticiones de recursos por parte del mandatario, con quien dice haber tenido «una relación institucional», ya que el actual presidente era la vía para «resolver problemas» en sus negocios.
Agregó que, además de donaciones para las campañas electorales, el presidente también le pedía dinero para campañas publicitarias en internet y hasta paga pagar el alquiler de su oficina particular.
Afirmó que los pagos eran necesarios porque el grupo tiene poder sobre áreas estratégicas para su empresa de producción de alimentos, como organismos vinculados al Ministerio de Agricultura.
El empresario, controlador junto con su hermano de la empresa brasileña que era considerada como una de las mayores exportadoras mundiales de alimentos, hizo las denuncias contra el jefe de Estado en el marco del acuerdo que negoció con la Fiscalía para delatar a sus cómplices en corruptelas a cambio del perdón de sus crímenes.
A raíz de las denuncias del empresario, la Corte Suprema abrió una investigación contra el jefe de Estado por los delitos de corrupción, asociación para delinquir y obstrucción a la Justicia.
La decisión de la Corte llevó a los partidos de la oposición y a algunos oficialistas a exigir la renuncia del gobernante.
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