El juez Honorio Antonio Suzaña, de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional, calificó el expediente como “un caso complejo” y dispuso que los implicados cumplan la medida de coerción en la cárcel de Higüey.
La medida de coerción se conoció en un ambiente general de tensión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Desde tempranas horas de la mañana los seguidores de Quevedo afiliados a la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) se concentraron en uno de los laterales frente al edificio que aloja la Fiscalía.
En el otro lado se agruparon los seguidores del empresario y diputado Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), que demanda que se aplique el peso de la ley a los directivos de la Unatrafin.
La Policía colocó vallas de contención de motines frente al edificio, además de que apostó miembros de su equipo Swat. Los agentes indagaban en forma minuciosa a todo el que entró al Palacio de Justicia y devolvían a los que no tenían razones de peso para penetrar al edificio.
La Fiscalía acusa a Quevedo de lavado de activos proveniente de la mafia de los combustibles. “Es el cabecilla de un grupo que ha hecho uso de la práctica criminal en todo el territorio nacional desde finales de 2008, conducta asesina que consiste en ejecutar transportistas por diferencias y conflictos en las distintas rutas del transporte público”.
Según la Fiscalía, “Quevedo planificó varias ejecuciones” que materializaba a través del regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís (Ney), del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ahora aliado del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Considera que el presidente de la Unatrafin “era el cerebro y financiador de esta red, en el entendido de que se beneficiaba de las muertes, mientras que Ericson de los Santos era el encargado de supervisar el comando a cargo de ejecutar las acciones, cometer los asesinatos, intentos de secuestro, entre otras conductas típicas del crimen organizado”.
También lo acusa de lavado de activos proveniente del tráfico de combustible y la extorsión. “Arsenio Quevedo recibe del Estado Dominicano un subsidio de 520 mil galones de combustibles al mes, los cuales utiliza para estafar al Estado y lavar activos provenientes de esta actividad”, sostiene la Fiscalía.
