La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reveló este jueves que la investigación que se le sigue al dirigente choferil,Arsenio Quevedo, quien guarda prisión preventiva acusado de sicariato, inició en el pasado mes de febrero con un allanamiento a su residencia y a la sede de Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), entidad que preside.
Dijo que con un caso complejo como ese no se puede tener una decisión “en uno o dos días”, por lo que éste se extendió hasta esta fecha, que es cuando la Fiscalía entendió que tenía las pruebas suficientes para solicitar medida de coerción.
“La Fiscalía le pidió al juez y así el juez lo ordenó que el proceso fuera fusionado con el del regidor (Ericsson de los Santos, alías Ney,regidor por Pedro Brand), porque no son dos casos, es un caso que ha sido llevado o que ha sido judicializado en dos etapas, pero es un proceso y por eso se asignó el mismo juzgado”, informó la fiscal.
Al ser entrevista en el programa “Enfoque Matinal”, que se transmite por NCND, canal 37, la fiscal aseguró que las implicaciones de Quevedo en los actos de sicariato son “totalmente directas”, y que la Fiscalía lo está acusando de ser el cabecilla de la red.
“Si bien es cierto, el regidor ha sido la parte operativa, que era como funcionaba el comando operativo que se encargaba de las ejecuciones, quien planificaba y quien decidía cuándo y a quienes se ejecutaban, de acuerdo a la investigación, era Arsenio Quevedo, esa es la imputación que le tiene la Fdel Distrito en estos momentos”, aseguró la Reinoso.
La magistrada reveló, además,de uno de los sicarios, de los que alegadamente son más que componen la supuesta red de sicariato, es un policía que trabajaba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva como seguridad de jueces y fiscales.
“De hecho, una de las personas que ha colaborado en la investigación dice que específicamente se buscaban policías para hacer este tipo de trabajo”, expresó.
«A la Policía están ingresando atracadores»
Ante estos planteamientos, Reynoso abogó por una reforma total de la estructura de la Policía Nacional y los militares.
“Cuando yo dije hace un año, si la memoria no me traiciona, que el 90 por ciento de los casos del crimen organizado había policía y militares hubo muchas críticas”, recordó la magistrada, quien dijo que en el proceso investigativo de sicariato, uno de los puntos que ha salido a relucir es la preferencias por policías para ejecutar esta labor.
Dijo además, que se ha percatado que en los casos escandalosos de los últimos años que se han involucrado policías, han sido de promociones nuevas.
“Hemos visto cómo se ha multiplicado el incremento de policías, sobre todo en atracos que han sido de promociones recientes. Lo que yo he visto y lo que diría es que a la Policía están ingresando atracadores”, subrayó la magistrada.
Banco Peravia
Con relación al caso del Banco Peravia, Reynoso informó que la Festá en la fase de presentar la acusación.
“Es un caso con muchas implicaciones, decenas de víctimas, decenas de imputados, también declarado complejo. Yo espero que para principio de año ya la Fiscalía esté terminada la acusación”, dijo.
Informó que las autoridades locales están trabajando con los organismos internacionales con el objetivo de localizar a los directivos de esa entidad bancaria, sin embargo no quiso ofrecer mayores detalles “para no alertarlos”.
“Cartel de jueces”
En cuando al caso de la jueza Awilda Reyes, acusada de actos de corrupción, la magistrada entiende que por la forma en que se ha desarrollado el tema y por las informaciones que se han ventilado, “en un contexto de razonabilidad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, (Mariano Germán Mejía), tendría que terminar siendo un testigo a cargo”.
Calificó como un “cartel judicial”, el caso de los jueces involucrados en actos de corrupción. Sin embargo, entiende que existen jueces honestos y “muy serios, pero también faltan”.
“También he sido crítica de los fiscales, en los últimos dos o tres años, se han procesado más de 30 fiscales”, dijo Reynoso, quien entiende que existen debilidades en los sistemas de rendición de cuentas y de consecuencia del Ministerio Público y de la judicatura.
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