La anulación del nuevo Código Penal, que entraría en vigencia el 27 de este mes, sigue generando debates entre constitucionalistas y académicos.
Los constitucionalistas Cristóbal Rodríguez y Nassef Perdomo, así como los académicos Antonio Medina y Román Jáquez analizan las probables causas motivadoras de la decisión del Tribunal Constitucional, que dispone que continúe en vigencia el centenario Código Penal.
Rodríguez dijo que la decisión se puede calificar como la crónica de una sentencia anunciada.
Especificó que para esta fecha del 2014, cuando fue discutido el trámite de aprobación, se advirtió que había una anomalía importante en el proceso de aprobación. “Esa anomalía consiste en el hecho de que las observaciones que formuló el Presidente de la República a la ley, en los términos en que le fue remitida, no fueron conocidas ni sancionadas por el Senado de la República”, significó.
Mientras que Perdomo entiende que las deficiencias en el procedimiento legislativo eran salvables y solucionables.
Observó que el TC todavía no ha publicado la sentencia, sino los extractos, que es una práctica que tiene desde principios de año para que se conozca el resultado de las decisiones.
“Como nadie ha leído la sentencia, yo creo que las opiniones que se puedan tener son pura especulación”, significó.
El jurista entiende que lo único que se puede deducir del dispositivo es que fue por un problema de procedimiento que el TC anuló el Código. Expone que la norma fue anulada completamente, por lo que siendo así es improbable que el tribunal se haya ido al fondo, como es la constitucionalidad de los artículos 107 hasta el 110 de la ordenanza, los cuales estaban en disputa.
Perdomo está completamente convencido que se trató de un problema de procedimiento, el cual será comprobable cuando salga íntegramente el fallo.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y presidente de la Mesa Nacional de Decanos de Derecho, Antonio Medina, entiende que se debe esperar las motivaciones que expondrá el Constitucional para anular el nuevo Código.
Mientras que el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Director Escuela de Derecho Universidad Católica de Santo Domingo, Román Jáquez, entiende que se vulneró el fundamento bicameral del Congreso Nacional, al ser conocidas las observaciones del Ejecutivo solamente por la Cámara de Diputados.
La diputada nacional Guadalupe Valdez recordó que durante la sesión en que se aprobaron las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo advirtió a la presidencia de la Cámara de Diputados que la iniciativa debía conocerse también en el Senado. “No es verdad que ellos no lo sabían, todo el mundo se los dijo”, expresó la legisladora, quien aclaró, además, que varias instancias del órgano alertaron sobre los vicios que suponía el envío de la Ley 550-14 al Poder Ejecutivo sin ser vista por los senadores. “Ahí había una estrategia política que ellos tendrán que explicar”, agregó Valdez.
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