El Gobierno de Puerto Rico, que atraviesa una grave crisis de liquidez, tiene desde hoy sobre la mesa una demanda de Walmart, la mayor cadena de tiendas minoristas del mundo, por elevar el impuesto que grava las compras entre las compañías matrices y sus filiales en la isla. El mismo día, se supo que el Supremo de EEUU ha aceptado estudiar la demanda de reestructuración de deuda presentada por el estado libre asociado.
Walmart presentó ante el Tribunal federal de San Juan una demanda contra la Ley 72, normativa con la que el Ejecutivo trata de incrementar la recaudación para hacer frente a los vencimientos más inmediatos de una asfixiante deuda de más de 72.000 millones de dólares y prestar a la vez los servicios básicos a la población.
La demanda supone un nuevo golpe para el Gobierno que encabeza Alejandro García Padilla, que acumula a los acuciantes problemas financieros una demanda del primer empleador mundial y de la isla caribeña, donde en sus establecimientos trabajan cerca de 15.000 personas. La demanda, de 36 páginas, presentada contra del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, señala que la Ley 72 viola la cláusula de comercio entre Estados y otras leyes federales, además de advertir de que con el actual impuesto tendría muy difícil mantener sus operaciones en la isla.
La normativa, apunta la demanda de Walmart, aumenta el impuesto a pagar entre las empresas por compras realizadas fuera de Puerto Rico del 2 % al 6,5 %, lo que Walmart entiende es el tributo más alto a pagar en cualquier parte del mundo.
La empresa estadounidense asegura que se trata de una normativa dirigida específicamente contra la multinacional y que no tiene sentido actuar en contra de una empresa que es parte de la solución a los problemas que sufre la isla, que esta semana cumplió con un millonario vencimiento de deuda de 354 millones de dólares.
El pago pudo ser afrontado gracias a la sustracción de fondos de varias empresas públicas, una maniobra que los analistas interpretan como un gesto de buena voluntad con el objetivo de que Washington acceda a la petición del Ejecutivo de García Padilla de que la isla, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU. se pueda acoger al capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
La demanda de este viernes de Walmart es la primera de las grandes superficies comerciales que operan en la isla, que ya habían advertido hace meses al Gobierno de su oposición a la ley y de que su entrada en vigor pondría en peligro la continuidad de sus operaciones en la isla caribeña.
Walmart defendió hoy la importancia de su contribución a la economía de Puerto Rico, dado que emplea a cerca de 15.000 personas. La compañía estadounidense cuenta en Puerto Rico cuenta con 55 establecimientos repartidos entre tiendas de las marcas Walmart Supercenters, Walmart, Sam’s Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo. La multinacional asegura que pagó en el último año fiscal 94 millones de dólares en impuestos estatales y municipales.
La Ley 72 del 29 de mayo de 2015 («Ley 72-2015») enmendó varias secciones del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 para modificar el IVU y otros tributos.
El Supremo esuchará a Puerto Rico
En paralelo, el Tribunal Supremo de EE.UU. se pronunciará sobre si Puerto Rico tiene potestad para permitir que sus empresas públicas se declaren en quiebra y reestructuren su deuda, que en conjunto ronda los 20.000 millones de dólares.
Así lo acordó hoy la máxima instancia judicial de EE.UU. sobre la petición presentada por el Gobierno de este Estado Libre Asociado ante su incapacidad reconocida para pagar la deuda pública acumulada por sus empresas públicas y otros órganos de la Administración. «Cualquiera que haya echado un vistazo a los titulares de los últimos meses sabe que el Estado Libre Asociado está en medio de una crisis financiera que amenaza el futuro de la isla», escribió el Gobierno en su petición, presentada el pasado julio.
En ella, solicitaba al Supremo que revisara una decisión del Tribunal de Apelaciones que previamente había revocado una ley local aprobada por el Gobierno de Puerto Rico en 2014 para dar cobertura legal a la quiebra de sus corporaciones públicas (lo que localmente se terminó conociendo como la Ley de Quiebra Criolla).
«Debido a que la decisión deja a los servicios públicos de Puerto Rico, y a los 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que dependen de ellos, a merced de sus acreedores, la revisión por parte de este tribunal está justificada, y ha de hacerse pronto», se puede leer en el escrito.
El pasado julio el Tribunal de Apelaciones de Boston declaró inconstitucional la ley con la que se quería dar viabilidad a la quiebra de las empresas públicas de la isla, y ahora el Supremo ha accedido a escuchar la petición del Gobierno isleño y revisar la decisión de la citada corte.
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