Después de un año y medio de negociación sobre cuál iba a ser el tratamiento de las víctimas una vez que se firmara el fin del conflicto, estas se han convertido por fin en protagonistas del proceso de paz colombiano. La delegación del Gobierno y la guerrilla de las FARC destrabaron la mañana del martes el punto 5 del acuerdo, el que más problemas y desencuentros ha generado después de tres años de diálogos en La Habana. Este no solo se refiere a los afectados por el conflicto, también incluye el capítulo sobre justicia. El programa de reparación pactado garantiza, sobre el papel, la participación de todos aquellos involucrados de manera directa e indirecta en el conflicto: el Estado, los guerrilleros y “otros sectores de la sociedad”, sin nombrar de manera concreta al paramilitarismo o sus financiadores.
La reconciliación, la no repetición y la convivencia han sido las palabras más repetidas en un acto en el que no han intervenido el Ejecutivo, las FARC y una delegación de 10 víctimas. “Respaldamos el proceso, pero no renunciamos a la justicia y a la reparación”, dijo Jineth Bedoya, portavoz de la comitiva, en un discurso en el que especificó que no conocían el contenido de lo pactado cuando lo redactaron. Se mostraron especialmente preocupadas por que se garantizara la búsqueda e identificación de los desaparecidos en una guerra sin cifras concluyentes. Entre 45.000 y 106.000, según organismos oficiales, pero sin un registro consolidado
El acuerdo comprende un sistema integral en el que, entre otros mecanismos, se incluye una unidad de hallazgo de desaparecidos que sigan vivos y, en el caso de los fallecidos –y siempre que sea posible–, se entreguen sus restos a los familiares. “Se plantea un enfoque diferencial y de género en el caso de las mujeres, los niños y los territorios más afectados”, especifica el texto.
Las medidas para la reparación siguen siendo uno de los capítulos más difusos. Tanto del acuerdo, como de las palabras de Humberto de Calle, jefe negociador del Gobierno, e Iván Márquez, representante de la guerrilla, se desprende la obligación de colaboración, pero no se detalla en profundidad. “Hablamos, por ejemplo, de iniciativas de desminado o reconstrucción de infraestructuras dañadas”, relató De la Calle. “Contamos con el compromiso de las FARC para realizar una multiplicidad de acciones y contribuir a la reparación material sobre lo que decida la jurisdicción especial”. Lo que no se especificó son posibles fondos o ayudas directas ni quién se encargaría de respaldarlos económicamente. “580.000 víctimas han sido reparadas hasta el momento”, detalló el presidente Juan Manuel Santos en una comparecencia institucional horas después del anuncio. “Pero una cosa es lo que podemos hacer como Gobierno, y otra lo que podemos lograr si todos los que participaron en el conflicto hacen aportes concretos”.
El pasado 23 de septiembre ya se revelaron las líneas maestras de la denominada justicia especial para la paz con la presencia del presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko. Dos meses y medio después se ha terminado por concretar. Este martes se ha remachado la idea de que este sistema paralelo no garantiza la amnistía total, solo se contempla para “los delitos políticos y sus conexos”, del que se podrían beneficiar hasta 15.000 guerrilleros. «No serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra», reiteraron.
Ambos lados de la mesa negociadora han recordado que la justicia acordada contempla beneficios para quienes admitan su responsabilidad o lo que técnicamente se denomina “el ofrecimiento de verdad y reconocimiento”. Además, se volvieron a repetir los tres tipos de sentencias que este órgano independiente –“sus magistrados no se elegirán a dedo y serán tanto colombianos como de otros país”, apuntó De la Calle– podrán dictarse. Quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales; quienes reconozcan la responsabilidad de manera tardía serán sancionados con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias; y las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
«No hemos puesto en juego, ni hemos negociado nuestra democracia, nuestro sistema político, nuestro modelo económico, el futuro de nuestras fuerzas armadas, ni los derechos de los colombianos a la propiedad privada y mucho menos a la libertad», ha justificado Santos. “La justicia restaurativa era la mejor forma de sembrar la posibilidad de un bienestar general”, reconoció Márquez. “No nos interesa aplaudir la entrada en la cárcel de nuestros adversarios, preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia”.
Aprobado el punto 5, queda por consensuar el referido al final del conflicto y el cese bilateral del fuego que Humberto de la Calle anunció para el mes de enero. “El cronograma fijado en septiembre sigue vigente”, recalcó. El plazo para alcanzar la paz no será más tarde del 23 de marzo de 2016. Una vez firmado, las FARC tendrán 60 días para dejar las armas. “Nunca me atrevo a decir que no hay marcha atrás, pero sí puedo asegurar que se ha avanzado como nunca antes en la historia de Colombia y el fin de las conversaciones está más cerca que nunca”.
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