La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, deberá sentarse en el banquillo por su presunta ‘negligencia’ en la gestión de fondos públicos tras la indemnización millonaria concedida por el gobierno de Francia al empresario Bernard Tapie en 2007, cuando era ministra de Economía.
La Fiscalía francesa había solicitado el pasado septiembre a la Corte de Justicia de la República que desestimara el caso, pero según difundió este jueves la cadena de televisión «i-Télé», la comisión de instrucción de ese Tribunal ha apostado por el juicio.
La exministra calificó hoy de ‘difícilmente comprensible’ la decisión y defendió, en un comunicado en el que también anunció que va a presentar un recurso, que siempre ha actuado en beneficio del Estado y dentro del respeto de la ley, por lo que ‘no hay ningún cargo que se le pueda imputar’.
El caso se remonta a 1993, cuando el entonces banco público Crédit Lyonnais vendió en nombre del Estado francés a Adidas, firma que había sido expropiada a Tapie.
Este consideró años más tarde que el Estado se hizo con la empresa por una cantidad muy inferior a la que realmente valía, lo que marcó el inicio de un complejo litigio que dos décadas después terminó en un tribunal privado de arbitraje bajo la presidencia del exmandatario conservador Nicolas Sarkozy.
Fue Lagarde, como titular entonces del ministerio de Economía, quien decidió recurrir a ese tipo de mediación.
Los magistrados de la Corte de Justicia Republicana, única instancia habilitada en Francia para juzgar presuntos delitos cometidos por ministros en su etapa de Gobierno, sospechan que la designación de ese tribunal pudo efectuarse con la intención de favorecer a Tapie.
En el caso también está imputados, entre otros, el que fuera su jefe de gabinete en 2007 y actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange, Stéphane Richard, y el propio Tapie, por «desvío de fondos públicos» y complicidad.
La Justicia francesa ordenó a Tapie el pasado 3 de diciembre que devolviera los casi 404 millones recibidos, tras anular el pasado febrero el arbitraje que había llevado a indemnizarle con esa suma.
Cuando se conoció su imputación el año pasado, Lagarde anunció que no dimitiría como directora gerente del FMI, instancia que la respaldó.
Su investigación en el caso comenzó en 2011, apenas un mes después de haber asumido en Washington el cargo que dejó vacante su compatriota Dominique Strauss-Kahn, acusado de agresión sexual por una empleada de hotel en Nueva York.
En esta ocasión, el organismo económico al frente del cual fue nombrada por un periodo de cinco años volvió a manifestarle su apoyo.
«El Directorio Ejecutivo del Fondo (que representa a sus 188 países miembros) continúa expresando su confianza en la capacidad de la directora gerente de llevar a cabo sus funciones de manera efectiva», afirmó hoy el portavoz del FMI, Gerry Rice.
La institución con sede en Washington se desvinculó de la polémica agregando en ese comunicado que, como han señalado anteriormente, ‘no sería apropiado hacer comentarios sobre un caso que está actualmente ante la justicia francesa’.
De confirmarse su culpabilidad, más allá de la mancha sobre su credibilidad y reputación, Lagarde se enfrenta a una pena de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
EFE
