El 14 de diciembre pasado, el principal accionista de Aerodom, que es Advent Airports, B.V, anunció que tres días antes había suscrito con la francesa Vinci Airports un contrato de compra venta de sus acciones en esa empresa concesionaria para la gestión de los aeropuertos dominicanos.
Al día siguiente, la Embajada de Francia saludó la operación, al considerar que es una demostración “del interés de las empresas francesas por invertir en República Dominicana”.
Pero ayer viernes se conoció que el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, sometió una resolución al Senado, y que fue acogida, en la que propone que se investigue sobre en quién recae la responsabilidad de un endeudamiento de US$550 millones, pues “quienes recibieron los mismos, ahora salen de la empresa Aerodom, por lo que se teme que la misma quede como compromiso de las operaciones futura de la empresa”.
El senador hace referencia al proyecto de resolución senatorial, depositada el 16 de diciembre pasado, en la que se solicita una investigación “para determinar el impacto en la seguridad nacional que ocasionaría la venta de concesión aeroportuaria de Aerodom al grupo francés Vinci, y la situación de los derechos del Estado Dominicano en ese contrato”.
El 17 de diciembre de 2013, el Senado aprobó una resolución sobre la investigación de ese endeudamiento mediante una emisión de bonos por parte de la concesionaria Aerodom.
Pero en esa resolución, el Senado concluye que la operación de financiamiento no transgrede las disposiciones del contrato de concesión, porque “ni el Estado dominicano, ni la Comisión Aeroportuaria, han quedado comprometidos ni expuestos respecto de ninguna obligación, garantía o aval alguno en relación con la emisión de dichos bonos”.
Pero lo que sí dice el Contrato de Concesión, tanto en su versión original como modificada, y que en julio de 1999 fue inicialmente firmado cuando la concesionaria era representada por el empresario Abraham Hazoury, es que “bajo ninguna circunstancia, la concesionaria podrá ceder o transferir este contrato sin la previa autorización escrita de la concedente”.
En el contrato, el concedente está compuesto por dos representantes del Estado: “El Estado Dominicano” y la Comisión Aeroportuaria. Ambas entidades son encabezadas por Gonzalo Castillo. En la primera, como Ministro, y en la segunda como Presidente Ex Oficio.
Diario Libre no se ha podido comunicar con el ministro Castillo. Pero con motivo a la colocación por parte de Aerodom, en 2013, el funcionario declaró la Comisión Aeroportuaria no autorizó la emisión de US$550 millones, porque ni siquiera fue informada al respecto por la empresa.
No se conoce, por lo menos hasta ayer, que Gonzalo Castillo haya salido a la palestra a expresar su opinión sobre la venta.
