En este 2018 se cumplen 81 años de la matanza de haitianos del 1937, ocurrida en los primeros años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, con la que el sátrapa habría intentado contener la inmigración ilegal y erradicar los alegados robos que cometían los extranjeros en la franja fronteriza.
No obstante, Trujillo también habría tenido el interés de “blanquear” la raza, eliminando del escenario a originarios de Haití.
En el libro Trujillo y Haití volumen II, el historiador Bernardo Vega recuerda que la idea de promover la inmigración de blancos fue un común denominador entre los principales pensadores dominicanos en la segunda mitad del siglo XIX y los primeros 30 años del XX.
En el 1931, el dictador siguió con los planes de presidente Horacio Vásquez de establecer colonias fronterizas y no hacía caso de las quejas por los maltratos que recibían los braceros haitianos en el territorio dominicano.
Incluso el Congreso trujillista aprobó la Ley de Migración, que de haberse aplicado hubiera obligado a la dominicanización del corte de la caña. Sin embargo, el gobernante fue presionado por la Legación norteamericana y los dueños de los ingenios y flexibilizó la aplicación de la legislación.
En el 1932 Trujillo deportó a varios miles de haitianos, pero estos no eran braceros al servicio de los ingenios. Con esta medida pretendía reducir la presencia de extranjeros ilegales en el país.
Poco después, en el 1933, Trujillo se opuso a que por primera vez se hiciera un convenio de gobierno a gobierno para reglamentar el tráfico de braceros y dejó que se siguieran haciendo acuerdos entre los dueños de ingenios y la administración haitiana para la importación de la mano de obra.
Además, en el 1934, el congreso aprobó una ley que estimulaba la inmigración de campesinos blancos, que serían ubicados en la frontera, pero pocas personas respondieron al llamado, mientras aumentaban los haitianos residentes en el país. En el 1936 además el régimen hizo esfuerzos por atraer inmigrantes puertorriqueños y judíos. Sin embargo, debido a las presiones de los propietarios de los ingenios, Trujillo siguió flexibilizando la ley de dominicanización del corte de la caña.
Antes de la tragedia, en los primeros nueve meses del 1937 el gobierno hizo grandes esfuerzos para promover la inmigración de blancos y sacar a los haitianos del país “en forma pacífica”.
En el 1937 Trujillo recibió reportes de que los militares encargados de suprimir el tráfico ilegal de haitianos se beneficiaban vendiendo braceros a los ingenios. También durante un recorrido por la frontera, el tirano habría preguntado a unos campesinos que por qué no existían sembrados en los alrededores y estos habrían responsabilizado a los haitianos, argumentando que les robaban sus pertenencias.
En su obra De la matanza de los haitianos a la sentencia 168-13, el periodista e investigador Juan Manuel García escribió que el “jefe” habría dado la orden para que mataran haitianos después recorrer la zona, en aprestos reeleccionistas, en medio de “una orgía” en casa de la señora Isabel Meyer, colaboradora del tirano.
Existen testimonios que dan cuenta de que la matanza se inició el 28 de septiembre al sur de Dajabón y se intensificó y extendió a partir del 2 de octubre. Fundamentalmente el genocidio se produjo en la zona norte y afectó en la frontera y la Línea Noroeste, el Cibao (incluyendo La Vega y Bonao), Puerto Plata y algunos lugares del Este, como Samaná.
La masacre fue ejecutada por militares, acción a la que no se unió la población civil, que tampoco habría participado en el saqueo de los bienes dejados por las víctimas y sus coterráneos huidos para salvarse.
En muchos de los lugares, antes de apresarlos, se les pedía a los haitianos que pronunciaran la palabra perejil, lo cual es narrado por Freddy Prestol Castillo en su conocida novela El masacre se pasa a pie.
Según García, Polín Thomas le contó: “La matanza de haitiano a puro cuchillo fue los días 2, 3 y 4 de octubre, pero después mataron a escopeta”. Sin embargo, a partir del 8 de octubre se intensificó con el uso de ametralladora. El testigo recordó que todavía en el 1938 seguía el exterminio.
La mayor parte de las muertes se produjeron a machetazos, cuchilladas y palos. No obstante, existen testimonios de que además muchos haitianos fueron ahogados en el mar y de que la sangre corría a ambos lados de la frontera dominico-haitiana.
Se cuenta que la oficialidad militar despojó de todas sus posesiones a los haitianos asesinados y a los que huían, y que principalmente se apropió de ganado y gourdes, y que las casas y otras propiedades de haitianos pasaron a manos de los militares.
Igualmente, se sabe que braceros al servicio de los ingenios no fueron afectados, aunque muchos haitianos de las zonas aledañas sí fueron sacrificados.
Luego de ocurrido el exterminio, la frontera quedó prácticamente deshabitada, pues no solo los haitianos desaparecieron de la zona, sino también los dominicanos, por lo que el régimen tuvo que encargarse de recoger cosechas y salvaguardar el ganado.
En su mencionada obra, García publicó que Diego Blanco Izquierdo, maestro de escuela de la frontera, le dijo que de 105 alumnos solo quedaron 40, pues 65 menores haitianos habían sido degollados.
Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por Virgilio Álvarez Pina, antiguo colaborador del dictador, en su libro Era de Trujillo, narraciones de don Cucho, el tirano no terminó de pagar la indemnización.
Aunque la matanza le causó muchos problemas al régimen trujillista, el déspota tuvo que “montar un teatro” para enmascarar su responsabilidad y posteriormente logró la concertación de un convenio con Haití, firmado en el 1938, con la intervención de la Comisión Permanente de Washington, por medio del cual se comprometió a pagar una indemnización a la administración del presidente Stenio Vicent.
Asimismo, García asegura que el 16 de febrero de 1939, Anselmo Paulino Álvarez entregó el cheque número 64707, por la suma de 275,000 dólares, expedido por el gobierno dominicano en favor de Haití y que con este saldo Trujillo finiquitó la deuda después de ir “barajando” la suma de 500,000 dólares de los que se había hablado inicialmente para hacer la compensación por la matanza.
En defensa de la dictadura, el aparato diplomático trujillista alegaba que los hechos habían sido incidentes provocados por la penetración ilegal de grandes masas haitianas en el territorio dominicano y por la natural reacción del ganadero y agricultor dominicano.
En cuanto a este suceso que profundizó el cisma histórico entre Haití y la República Dominicana, y tuvo una ruidosa repercusión internacional, Joaquín Balaguer aseguró Trujillo se convirtió en genocida al disponer el asesinato de 17,000 haitianos. No obstante, otros autores han calculado entre 12 y 25,000 los extranjeros masacrados.
Pese a pagar la compensación, la matanza manchó severamente la imagen del régimen.
