Cuando los estudiantes chilenos protestaron en las calles en 2011, una de sus demandas fue la gratuidad en la educación superior. Michelle Bachelet llegó a La Moneda el año pasado con la promesa de alcanzar un 70% de gratuidad al finalizar su período, en marzo de 2018, y gratuidad universal en 2020. En estos 21 meses, sin embargo, el Gobierno no ha logrado alcanzar una fórmula para cumplir su objetivo. Actualmente, en Chile se encuentra abierta una intensa discusión sobre esta materia.
“Por primera vez en Chile se debate sobre la responsabilidad del Estado en la entrega de un derecho social como la educación”, señala el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. “Lo segundo que está en juego es la diferenciación entre lo público y lo privado, porque vivimos una situación propia del realismo mágico: se ha llegado a decir que el Estado debe financiar la gratuidad en las universidades privadas y no en las públicas”. Estas son las principales claves de una de las etapas más complejas de la reforma educativa.
¿Por qué los estudiantes pidieron gratuidad?
Las universidades chilenas tienen unos de los aranceles más altos del mundo si se compara con el poder adquisitivo de la población, y el principal canal de financiación es de origen privado: proviene de las propias familias. Los niveles de endeudamiento son muy altos, la calidad de la educación no está garantizada y, finalmente, el sacrificio no se expresa en el mercado laboral. Ninguna universidad es gratuita.
¿Cómo se organiza el sistema de educación superior chileno?
“La principal característica del sistema es su desregulación. No hay una institucionalidad ordenada”, señala Manuel Sepúlveda, director de Política Educativa de la fundación Educación 2020. Una primera clasificación divide a las instituciones en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Las universidades, a su vez, se dividen en estatales (16) y privadas (casi 40). Existe, sin embargo, una tercera distinción: un organismo llamado Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) agrupa a las 25 universidades tradicionales, que fueron creadas antes de las reformas de los años ochenta. En el grupo existen estatales y privadas, como dos de las más prestigiosas del país: la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, respectivamente.
¿Cómo se financian?
El Estado financia directamente un porcentaje bastante bajo del presupuesto de las instituciones de educación superior. Incluso en las universidades que son propiedad del Estado, el financiamiento directo es mínimo. “Tienen que financiarse como si fueran privadas”, señala el rector Vivaldi. El fisco utiliza más bien una fórmula indirecta: entrega recursos a través de becas y créditos a los estudiantes de distintos tipos de instituciones, tanto públicas como privadas.
¿Qué dijo Bachelet del asunto en 2013?
En abril de 2013, en plena campaña, Bachelet se mostró contraria a que el Estado pague la educación superior de los estudiantes ricos y pobres: “No encuentro justo que el Estado pague la universidad de mi hija si puedo pagarla”. Aunque la socialista cambió de opinión, este debate se ha mantenido durante dos años: ¿ayuda a combatir la desigualdad o es regresivo que el fisco le pague la educación a los más ricos? De acuerdo a Claudia Sanhueza, académica del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, “la educación superior gratuita universal no empeora la distribución del ingreso, que en Chile es muy desigual”.
¿Qué ocurrió en el última cuenta pública ante el Congreso?
El pasado 21 de mayo Bachelet anunció que adelantaría la gratuidad y señaló que a partir de 2016 su Gobierno asegurará que el 60% más vulnerable de los estudiantes accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin becas ni créditos. Contemplaba a los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), institutos profesionales y centros de formación técnicas acreditados y sin fines de lucro. Los criterios anunciados para la gratuidad no parecieron ser suficientes para algunos sectores. El Gobierno revisó la fórmula y, finalmente, como se sumaron nuevas casas de estudios, el Ejecutivo anunció en agosto que la gratuidad en 2016 incluiría al 50% de los estudiantes más vulnerables y que sumaría a algunas universidades privadas.
¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional?
El pasado 10 de diciembre el organismo reprobó la fórmula del Ejecutivo, por considerar que los requisitos para elegir a las instituciones beneficiadas eran arbitrarios y discriminadores. “Algunos quieren impedir que cumpla mi palabra”, señaló Bachelet. Hoy, el Ejecutivo chileno trabaja a contrarreloj para establecer cuáles son las instituciones que se podrían acoger a la gratuidad, porque este martes se cumple el plazo para que las casas de estudio informen si quieren optar al beneficio.
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