La fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, informó del acuerdo de disolución de la Fundación Donald Trump, bajo supervisión judicial y revisión de esa agencia del Estado al estar bajo sospecha por un “patrón de ilegalidad” en la campaña presidencial de 2016.
Según Underwood, la Fundación firmó una estipulación para su disolución, luego de que el Tribunal Supremo de Manhattan avalara una petición de la Fiscalía para que ese organismo no siguiera adelante, lo que la fiscal catalogó como “una victoria importante”.
El pasado junio la Fiscalía demandó a la Fundación, incorporada en el 1987, a la que acusan de numerosas irregularidades, luego de dos años de investigación, pidiendo su disolución, lo que el tribunal aceptó.
El Estado argumentó entonces que había en la Fundación un “patrón de conducta ilegal persistente”, que se habría prolongado durante más de una década y que incluye una “amplia coordinación de política ilegal” con la campaña presidencial.
De acuerdo con esa acusación, dicha organización recaudó más de 2.8 millones de dólares con el fin de influir en las elecciones y bajo control de la dirección de la campaña del ahora presidente.
Underwood acusó a Trump de haber utilizado su Fundación para pagar gastos legales, promocionar sus hoteles y otros negocios y para adquirir artículos personales.
La demanda, que también busca una restitución de 2.8 millones de dólares y sanciones y una prohibición de diez años al presidente Trump y de un año para sus tres hijos mayores para poder servir en juntas de otras organizaciones benéficas de Nueva York, continúa en curso, señala además el comunicado de la Fiscalía sobre el acuerdo.
“Según los términos, la Fundación Trump sólo puede disolverse bajo supervisión judicial”, dijo Underwood.
Fiscal puede revisar las cuentas de la entidad
La Fundación Donald J. Trump estaba en el punto de mira de la justicia de Estados Unidos. Las acusaciones de financiación ilegal habían llegado a lo más alto y, finalmente, ha acordado su disolución bajo supervisión judicial. Además de la disolución, el acuerdo permite que el Fiscal General del Estado pueda revisar las cuentas de la ONG del mandatario.
