El 12 de septiembre de 2018, los miembros del Parlamento Europeo aprobaron, por 438 votos a favor y 226 en contra, un borrador de una nueva ley de derechos de autor destinada a actualizar la legislación actual de la UE, que es anterior al surgimiento de las grandes compañías de Internet, como Google y Facebook. La directiva sobre los derechos de autor en el Mercado Único Digital, cuyo texto fue aprobado por 348 votos contra 274 el 26 de marzo, busca actualizar la legislación de la UE en materia de derechos de autor a la luz de los recientes cambios tecnológicos. El Consejo de la Unión Europea ratificó el texto final el pasado 15 de abril.
«Esta directiva pretende adecuar las normas de propiedad intelectual a la situación de 2019 que es muy diferente de la prevista por directivas de 2000 y 2001», dijo a Infobae el abogado Javier Díaz de Olarte, Jefe del Departamento Jurídico del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), una asociación sin ánimo de lucro que defiende, de forma colectiva, los derechos de propiedad intelectual de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras.
«Los titulares de derechos sean autores, editores, productores, artistas…llevan años contemplando con estupor como terceros se enriquecen utilizando las obras de las que son titulares sin que ellos tengan participación alguna en esos negocios. A fecha de hoy la situación de desequilibrio es escandalosa», agregó el abogado en una entrevista concedida a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
A favor del nuevo marco regulatorio se destacan músicos y editores, como Lady Gaga y Paul McCartney, que dicen que ayudará a proteger a los artistas en una época en la que violar los derechos de autor es mucho más fácil de lo que solía ser. Sin embargo, los opositores -que incluyen a los defensores de la libertad de la red y distribuidores de contenido, como Google- dicen que el reglamento equivale a censura y que corre el riesgo de prohibir excesivamente el uso de material ajeno.
Dos artículos del proyecto de ley son especialmente controvertidos. El artículo 11, conocido como «impuesto por enlace», exige a las redes sociales y a los agregadores de noticias pagar una tarifa a los editores para mostrar fragmentos de sus publicaciones en sus plataformas. El artículo 13, conocido como «el anti meme» o «filtros de subida», obliga a las empresa de Internet más grandes, como YouTube -cuyos usuarios cargan grandes cantidades de vídeo, música, texto y otros contenidos similares en sus plataformas-, a trabajar con los editores para garantizar que cualquier cosa que infrinja sus derechos de autor pueda ser detectada antes de su publicación.
Para Olarte, esos dos artículos puntos tienen una justificación común. «Ambos artículos tratan de adaptar las normas de propiedad intelectual a la situación tecnológica en la que vivimos, que ha propiciado el desarrollo de negocios digitales en la red, basados en la utilización de obras y prestaciones protegidas de terceros sin solicitar a estos titulares autorización para ello ni abonarles remuneración alguna», dijo el abogado español.
Por su parte, las compañías de tecnología, y aquellos que abogan por una internet abierta, como el creador de la web Tim Berners-Lee, dicen que los efectos de la directiva pueden ser nefastos. En la búsqueda de dar más protección al trabajo alcanzado por los derechos de autor, según sostienen, todo tipo de contenido -desde videos de protestas políticas hasta artículos periodísticos o memes virales- corre el riesgo de ser censurado por las autoridades.
En respuesta a las críticas contra el artículo 11, Olarte sugiere analizar la norma dentro de sus límites y excepciones. «En el caso de los editores de prensa, el artículo 11 está dedicado específicamente a ellos, a quienes se les reconoce el derecho por el uso en línea de sus ediciones digitales. Se trataría de un derecho con una duración muy breve: dos años contados desde el 1 de enero del año siguiente a la publicación, y que no se aplicaría a las obras publicadas antes de la entrada en vigor de la directiva», dijo.
«Este derecho no afectaría a los usos privados y no comerciales que se lleven a cabo entre particulares ni a los hipervínculos. Del mismo modo, este derecho no impediría la utilización de palabras individuales o fragmentos muy cortos de publicaciones de prensa. Habría que ver cuándo un fragmento es muy corto. Por ejemplo, ¿lo es el titular?», añadió.
Lo cierto es que la directiva, que llega tres años después de la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), demuestra cómo Europa está adquiriendo un papel protagonista en la elaboración de la normativa de Internet y de las grandes compañías que la componen, aún cuando su propia industria digital no esté a la altura de su competencia en el extranjero. «Estados Unidos alberga 15 de las 20 empresas tecnológicas más valiosas del mundo; Europa tiene una», señaló la revista The Economist en un artículo publicado en marzo. «Sin embargo, si quiere entender hacia dónde se dirige la industria más poderosa del mundo, no mire a Washington y California, sino a Bruselas y Berlín», opinó la publicación.
Puede que Europa no tenga sus propios gigantes tecnológicos, pero el continente tendrá un gran impacto para el futuro de las grandes empresas de Internet de los Estados Unidos.
