Ya pasaron 14 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-Cafta) y a partir de ese momento los miembros tienen derecho a crear una comisión para revisar la implementación y operación del acuerdo respecto al comercio de mercancías agrícolas.
Esto consta en el artículo 3.18 del tratado, que establece que 14 años después de su entrada en vigencia las partes establecerán una Comisión de Revisión Agrícola que deberá evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial, la operación de las medidas de salvaguardia agrícola y su posible extensión.
El economista Nassim Alemany, quien tiene experiencia en la implementación del tratado, consideró que esto permite hacer nuevas negociaciones de acuerdo a la realidad de cada país.
Hace años que los productores agropecuarios dominicanos reclaman una revisión del acuerdo pero aunque se han dado algunos amagos hasta el momento no se ha llegado a nada concreto.
Una nueva oportunidad
El DR-Cafta se firmó en el 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y entró en vigor en República Dominicana en el 2006. Desde entonces se han hecho ciertos cuestionamientos sobre las condiciones en que fue firmado y los beneficios que ha traído al país.
Un análisis del Centro de Estudios Económicos y Sociales, P. José Luis Alemán (CEESPA) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) publicado tras cumplirse la primera década de su puesta en vigencia indica que en el 2004 República Dominicana simplemente se adhirió al tratado sin agotar un proceso de negociación.
“En agosto de 2003, el gobierno de EEUU aceptó incorporar a RD al DR-CAFTA mediante una simple adhesión (docking), negociando solamente las listas de acceso a mercado y los tiempos de desgravación, y sin tocar los temas de las disciplinas comerciales -es decir- los temas vinculados al desarrollo. Quedó así desde el inicio descartada toda posibilidad de lograr un “trato especial y diferenciado” por los niveles de desarrollo”, establece el citado estudio.
Los autores reseñan una publicación que señala que las autoridades dominicanas (de entonces) aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que el acuerdo tendría sobre la economía del país, las leyes que deberían ser modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a remover, la modificación del entorno comercial, entre otros aspectos.
“Lo más paradójico de todo fue que el DR-CAFTA no fue una imposición estadounidense. Bien por el contrario, fueron grupos políticos nacionales y un sector específico del empresariado local los que abogaron a favor de una adhesión, no una negociación”, dice el documento.
Agrega que aquí se renunció unilateralmente a cualquier posición en el ámbito internacional que pudiera generar el más mínimo desagrado de los funcionarios estadounidenses. Los autores señalan que para la firma del tratado no hubo estudios de impacto, ni una revisión de los textos en materia de disciplinas comerciales. Indican que todo se hizo de manera precipitada, solo se negociaron los anexos y las listas de acceso a mercado. Con esas solas excepciones el resto consistió en una mera adhesión.
Ahora República Dominicana tal vez tiene una nueva oportunidad para realmente negociar en este acuerdo.
Actores
El DR-Cafta se firmó en el 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y entró en vigor en el 2007. En Estados Unidos gobernaba George W. Bush. El ministro de Agricultura dominicano era oficialmente Eligio Jáquez, quien actualmente es el cónsul general de República Dominicana en New York.
