Un grupo de fiscales se está preparando para dar a conocer cargos por narcotráfico contra el actual jefe de la Guardia Nacional de Venezuela, mientras Estados Unidos investiga la presunta participación de altos funcionarios chavistas en el tráfico de cocaína. Otro de los acusados es Edilberto Molina, ex vicepresidente de la Oficina Nacional Antidrogas.
A Néstor Reverol, el ex jefe de la agencia antinarcóticos de Venezuela y un aliado del fallecido líder socialista Hugo Chávez, se lo nombra en una imputación que debe ser ratificada en una corte federal de Brooklyn, en Nueva York, según las fuentes.
Reverol sería el funcionario venezolano de mayor rango y el único en funciones que estaría enfrentando cargos por drogas en Estados Unidos. El jefe de la rama de las Fuerzas Armadas venezolanas que controla las fronteras no pudo ser contactado por Reuters para comentar el asunto.
En los últimos años, Reverol ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos de que Venezuela no ha logrado frenar los envíos de drogas ilícitas y ha promocionado el éxito del Gobierno en tomar medidas enérgicas contra el flujo de cocaína desde la vecina Colombia.
La Guardia Nacional no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitó comentarios, y un funcionario de prensa de esa dependencia que fue contactado por teléfono no quiso hacer declaraciones. Además, el Ministerio de Información de Venezuela no respondió a un correo electrónico en el que se le pidió una reacción a la información.
No está claro cuáles serían los cargos específicos en contra de Reverol o cuándo se harán públicos.
El vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Peter Carr, y un vocero del fiscal federal de Brooklyn, Robert Capers, cuya oficina está a cargo del caso contra Reverol, no quisieron hablar sobre el tema. El vocero de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Joseph Moses tampoco quiso hacer comentarios.
Los fiscales estadounidenses tienen abiertas acusaciones contra al menos cinco ex funcionarios venezolanos por crímenes de narcotráfico, las cuales han sido formuladas en los últimos cuatro años, según los registros de los tribunales de distrito de Florida y de Nueva York.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado las acusaciones que involucran a funcionarios en el tráfico de drogas denunciando una campaña internacional de la derecha para desacreditar al socialismo en el país petrolero sudamericano. Su partido dice que los esfuerzos contra las drogas han mejorado desde que Venezuela expulsó a la DEA en 2005.
Líderes de la oposición venezolana han acusado desde hace años a funcionarios de alto nivel de estar involucrados en el narcotráfico o de hacer la vista gorda ante el papel de los militares en el tráfico de narcóticos.
El Departamento de Estado estadounidense dijo en su informe anual de control de narcóticos de este año que Venezuela se ha convertido en una de las principales rutas de tránsito para las drogas ilegales procedentes de América del Sur. El informe atribuyó la situación a la porosa frontera del país con la vecina Colombia, su «débil sistema judicial, esporádica cooperación internacional antinarcóticos y ambiente permisivo y corrupto». Hasta una cuarta parte de toda la cocaína exportada desde Sudamérica en 2011 partió de Venezuela, según la Oficina de la Casa Blanca de Política Nacional de Control de Drogas.
Miembros de la Guardia Nacional de Venezuela han estado muy involucrados en el tráfico de drogas, afirmó Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.
«La Guardia Nacional ha sido clave para abrir las puertas en Venezuela a organizaciones de narcotraficantes colombianos y grupos subversivos», dijo. «Han transformado a Venezuela en una enorme tubería para la cocaína que va a Estados Unidos y Europa». Otros dos ex funcionarios de la Guardia Nacional han sido acusados en Estados Unidos en los últimos años por cargos de narcotráfico.
Familiares de la primera dama venezolana, Cilia Flores, fueron capturados y llevados al país norteamericano dentro de las investigaciones contra el narcotráfico.
Dos de sus sobrinos, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, fueron detenidos en Haití el mes pasado y acusados en un tribunal federal de Manhattan por cargos de tráfico de cocaína. Sus abogados no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, pero habían dicho antes que ambos se declararían no culpables.
Funcionarios estadounidenses dijeron que esos arrestos no constituyeron un esfuerzo para ir en contra del gobierno de Maduro, sino que se enmarcan en la aplicación de la ley de Estados Unidos que busca enjuiciar a sospechosos de cometer irregularidades.
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